Estudian medidas contra tiendas de marihuana ilegales

Cientos de negocios de cannabis en Los Ángeles operan sin los permisos necesarios.

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    Medidas contra dispensarios de marihuana ilegales

    Las autoridades de Los Ángeles estudiarán nuevas medidas contra los dispensarios de marihuana ilegales (Publicado viernes 19 de octubre de 2018)

    DETALLES DESTACADOS

    • Hay 169 negocios relacionados con el cannabis que operan legalmente en la ciudad, según el Reglamento del Departamento de Cannabis

    • La oficina de Mike Feuer ha presentado 120 casos penales contra 515 acusados ​​asociados con 105 locales comerciales ilegales de cannabis

    • Las nuevas acciones para cerrarlas incluirían el uso de candados, multas a sus empleados y cancelación de servicios públicos.

    Aunque la marihuana es legal para la venta en California, cientos de tiendas ilegales están operando en Los Ángeles, y un comité del concejo municipal está listo para considerar, este viernes, nuevas acciones para cerrarlas, incluyendo el uso de candados, multas a sus empleados y cancelación de servicios públicos. 

    El fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció el mes pasado que su oficina, en coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), ha presentado 120 casos penales contra 515 acusados ​​asociados con 105 locales comerciales ilegales de cannabis en toda la ciudad desde enero. 

    El cierre de las tiendas de marihuana ilegales ha demostrado ser un desafío para la ciudad, ya que a menudo involucra una operación policial encubierta y otros recursos importantes para el cumplimiento de la ley. 

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    Hay 169 negocios relacionados con el cannabis que actualmente operan legalmente en la ciudad, según el Reglamento del Departamento de Cannabis, pero el jefe de LAPD, Michel Moore, dijo el mes pasado que se cree que hay cientos de personas que operan ilegalmente.

    El concejal Marqueece Harris-Dawson presentó dos de las mociones que está considerando el Comité de Reglas, Elecciones y Relaciones Intergubernamentales, y escribió en uno de ellos que un número significativo de las personas acusadas por la oficina de Feuer son empleados de las empresas, no los propietarios. 

    La moción dice que los dueños de propiedades y negocios deben asumir la mayor parte de la responsabilidad de las operaciones ilegales de cannabis, y "no las personas que trabajan para ellos". 

    Harris-Dawson se ha manifestado con frecuencia sobre el impacto negativo que la guerra contra las drogas ha tenido en las comunidades minoritarias y ha abogado por un impuesto especial a las ventas de cannabis para apoyar a los vecindarios afectados por la misma. 

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    También ha señalado que la capacidad de acusar penalmente a los empleados aún debería ser una opción, pero también propone usar el Programa de Control de Citas Administrativas (ACE) de la ciudad para desalentar los delitos por repetición creando multas crecientes basadas en el número de veces que una persona ha sido citada. 

    El programa ACE fue aprobado por el Concejo Municipal en 2014. Está destinado a darles a los oficiales de policía y del Departamento de Servicios para Animales una opción intermedia, para las infracciones por molestia y otras inquietudes sobre la calidad de vida, entre emitir una advertencia y citar criminalmente a un delincuente, porque los oficiales a menudo se muestran reacios a tomar medidas que podrían desencadenar una citación por delitos menores para ciertos delitos de bajo nivel, como una fiesta ruidosa, tener un perro sin correa o beber en público. 

    Las citas de ACE no se manejan a través de los tribunales penales, sino administrativamente a través del programa ACE de la ciudad. Las multas pueden escalar hasta 1,000 dólares por una tercera ofensa bajo el programa ACE. 

    Una segunda moción de Harris-Dawson permitiría que el Código Municipal de Los Ángeles permita que el Departamento de Construcción y Seguridad desocupe y asegure las propiedades que no cumplan con las decisiones administrativas de reducción de molestias aprobadas por la Comisión de Planificación, y dice que la ciudad debe establecer un procedimiento similar para el cierre y asegurar los negocios ilegales de cannabis a los que se les ha ordenado que cierren sus puertas, incluidas las barricadas, los candados o las cercas. 

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    El mes pasado, la concejal Nury Martínez y Mónica Rodríguez presentaron una moción para que los departamentos de Regulación de Agua y Energía y Cannabis informen sobre la viabilidad de implementar una ordenanza que le permita a la ciudad desconectar o cerrar el servicio de servicios públicos a empresas sin licencia. 

    “A pesar de los esfuerzos por regular efectivamente las ventas de cannabis, existe una creciente preocupación por la venta ilegal de cannabis por parte de empresas sin licencia. La venta ilegal de cannabis puede afectar a las comunidades y afectar las operaciones de negocios con licencia", dice la moción.