Varias reclusas que aseguran fueron explotadas por un exayudante del alguacil del condado de Riverside entablaron una demanda federal contra el condado, los administradores del alguacil y a otras personas por presuntas violaciones de los derechos civiles.
Las siete mujeres alegan que fueron abusadas sexualmente mientras estaban bajo la supervisión del exoficial del alguacil de Riverside, Christian Heidecker.
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El exagente, quien se convirtió en oficial en abril de 2018, era administrador de casos en la Unidad de Gestión de Custodia Coordinada, supervisando a los reclusos del Centro Correccional Smith en Banning que habían calificado para el Programa de Sentencia Alternativa de Riverside, o RASP.
Los administradores de casos deciden cuándo permitir tiempo libre o asignar el confinamiento, además de dictar otros términos que los detenidos RASP deben cumplir. El programa requiere un contrato con Sentinel Offender Services LLC, que proporciona monitores de tobillo y teléfonos móviles que contienen datos de seguimiento observados por los administradores de casos, según la demanda.
“Entablamos siete demandas judiciales porque demandamos contabilidad, responsabilidad, no no más de este alguacil, de los supervisores, cualquier empleado que supo que él andaba abusando de las mujeres”, dijo la abogada Denisse Gastelum.
Las siete demandas surgieron despues del juicio criminal en el que Heidecker, de 32 años, enfrentó múltiples cargos, entre ellos tener relaciones sexuales con un rehén y cuatro cargos de extorsión.
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Heidecker se declaró culpable en febrero de cuatro cargos cada uno de extorsión, un funcionario público que buscaba sobornos e intimidación de testigos, así como un cargo de un oficial de detención que perpetró una agresión sexual.
El juez del Tribunal Superior Charles Rogers aceptó la declaración a pesar de las objeciones de los fiscales, quienes se opusieron a la pena estipulada de cinco años en la prisión estatal por ser demasiado baja, pero Rogers la impuso de todos modos.
“No más le dieron 5 años a este oficial después de abusar de tantas mujeres que tenía bajo custodia, dijo Gastelum.
Las mujeres aseguran que fueron presionadas a firmar un documento de 10 páginas que les impedía demandar al departamento. A cambio recibieron $5,000, una cantidad que no cobraron.
Debido a la sentencia que consideraron demasiado pequeña, las mujeres optaron por demandar. Esperan esta vez conseguir justicia tras vivir lo que aseguran es algo que jamás imaginaron.
“[Me] siento frustrada y [tengo] mucho miedo y lástima por las niñas que no quieren decir nada”, dijo la demandante identificada como KP.
