Los padres de un niño de 4 años de Palmdale se declararon inocentes este jueves de los cargos de asesinato y tortura derivados de la muerte de su hijo en julio pasado.
Jose Maria Cuatro Jr., de 28 años, y Úrsula Elaine Juárez, de 25, están acusados de un cargo de asesinato y tortura.
Cuatro también está acusado de un cargo de agresión contra un niño con causa la muerte, mientras que Juárez está acusada de abuso infantil con resultado en la muerte.
Los dos, que fueron arrestados el 26 de septiembre por los detectives del alguacil del condado de Los Ángeles, informaron que el niño se había ahogado en su piscina familiar en la cuadra 1200 de East Avenue S, el 5 de julio alrededor de las 4 p.m., pero las heridas de su hijo Noah más tarde suscitaron sospechas sobre cómo murió.
Noah Cuatro
La semana siguiente, el alguacil Alex Villanueva anunció que se estaba llevando a cabo una investigación sobre la muerte del niño. El alguacil dijo que Noah vivía con sus padres y tres hermanos, que fueron puestos bajo custodia protectora.
La muerte del niño generó dudas sobre las acciones de los trabajadores sociales del condado que interactuaron con la familia. La bisabuela de Noah, Eva Hernández, presentó un reclamo por daños multimillonarios, el precursor de una demanda, contra el condado el verano pasado, alegando que el niño murió a pesar de los “innumerables informes de abuso” que se le hicieron al Departamento de Servicios para Niños y Familias.
“Hubo al menos una docena de llamadas a la línea directa de abuso infantil y a la policía de personas que dijeron que sospechaban que Cuatro y sus hermanos estaban siendo abusados'', según el reclamo presentado en nombre de la bisabuela del niño.
La Oficina de Protección Infantil del Condado de Los Ángeles publicó un informe en septiembre pasado que determinó que los funcionarios del DCFS actuaron “apropiadamente” en su manejo del caso de Noah.
Cuatro y Juárez deben regresar al juzgado de Lancaster el 7 de abril, cuando está programada una fecha para una audiencia para determinar si hay pruebas suficientes para que el caso en su contra vaya a juicio.
Cada uno podría enfrentar hasta 32 años de por vida en una prisión estatal si son declarados culpables, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.
