Quienes se oponen a la prohibición estatal de comer al aire libre destinada a frenar la propagación del COVID-19 han presentado una demanda federal, dos semanas después de que un juez del Tribunal Superior anulara una orden similar en el condado de Los Ángeles.
La demanda se produce después de que los operadores de restaurantes no pudieron reanudar las cenas al aire libre a pesar del fallo del 6 de diciembre porque la orden regional de quedarse en casa del estado contiene una prohibición absoluta.
Un equipo de abogados encabezado por Mark J. Geragos presentó la denuncia el domingo en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. pidiendo bloquear la prohibición estatal de comer al aire libre en nombre de los propietarios de Pineapple Hill Saloon & Grill en Sherman Oaks y la propietaria Angela Marsden, según la denuncia.
La demanda alega que el gobernador Gavin Newsom, el fiscal general Xavier Becerra y la funcionaria interina de salud pública estatal Erica S. Pan, MD "se han apoderado de la pandemia de coronavirus para expandir su autoridad a distancias sin precedentes, privando al demandante y a todos los demás propietarios de pequeñas empresas en situación similar en California de los derechos fundamentales protegidos por las Constituciones de los Estados Unidos y California".
La denuncia especifica que esos derechos son "la libertad de reunión, el debido proceso y la igualdad de derechos de protección bajo las Enmiendas Primera y 14 de la Constitución de los Estados Unidos".
La denuncia señala que el estado ha impedido que Pineapple Hill Saloon & Grill sirva comida al aire libre mientras permite que una importante producción de Hollywood sirva comidas a sus empleados y contratistas dentro de una carpa al aire libre a 20 pies de distancia del restaurante.
La denuncia también afirma que el estado continúa permitiendo que la industria del entretenimiento, los principales minoristas, las tiendas de comestibles, los dispensarios de marihuana y otras empresas operen en interiores y exteriores.
La demanda solicita al tribunal una orden "temporal, preliminar y permanente que ordene y prohíba a los acusados hacer cumplir la Orden Regional", así como órdenes ejecutivas, y que ordene al estado pagar los honorarios y costos de los abogados.
