El Concejo Municipal de Los Ángeles ordenó al abogado municipal que redacte una ordenanza que prohíba la posesión ilegal de convertidores catalíticos en la ciudad en un esfuerzo por contrarrestar un aumento de cinco años en los robos.
“Es un crimen que les sucede a los electores de nuestra comunidad que está lastimando a la gente y que estamos permitiendo, estamos fallando en actuar, si no lo aprobamos hoy", dijo el concejal John Lee, quien copresentó la moción.
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De acuerdo con la moción, aprobada en una votación de 8 a 4, se reportaron 972 convertidores catalíticos robados en toda la ciudad en 2018. En 2022, la ciudad reportó casi 8,000 robos de convertidores catalíticos, un aumento de casi el 728 % solo en los últimos cinco años.
"Esta es una medida de sentido común que simplemente brinda a las fuerzas del orden público una herramienta adicional que protegerá a nuestras comunidades del robo desenfrenado y dañino", dijo Lee.
La ordenanza requeriría que alguien que esté en posesión de un convertidor catalítico no conectado presente una forma de documentación válida que demuestre que está en posesión legal del dispositivo.
Un convertidor catalítico es un dispositivo de control de emisiones de escape que convierte los gases tóxicos y los contaminantes en los gases de escape de un motor de combustión interna en contaminantes menos tóxicos, decía la moción.
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“Los robos de convertidores catalíticos están aumentando en todo el país, y California tiene el dudoso honor de liderar el país en el número de convertidores robados'', según la moción. "Debido a la ubicación externa y al uso de metales preciosos valiosos, estos dispositivos son un objetivo para los ladrones".
La concejal Eunisses Hernandez, quien se opuso a la ordenanza, rechazó la propuesta de Lee y afirmó que la ordenanza "no haría que nuestra ciudad fuera más segura" ni evitaría el robo de convertidores catalíticos.
“Esta ordenanza es costosa para la ciudad'', dijo Hernández. ``Conducirá a más casos para el fiscal de la ciudad. Conducirá a más dinero gastado en tribunales y más dinero gastado en defensores públicos”.
También pidió, si se aprobaba la moción, que la ciudad lleve a cabo un estudio que analice los impactos de la ordenanza, creyendo que los miembros de la comunidad negra, latina, indígena e inmigrante serían los más afectados.
Los concejales Marqueece Harris-Dawson, Nithya Raman, Hugo Soto-Martinez y Hernandez votaron en contra de la ordenanza en la votación de 8-4.
