LOS ÁNGELES - Un juez federal escuchó el jueves argumentos sobre si el capitán de un barco debería pagar restitución a las familias de 34 personas que murieron en el incendio de una embarcación de buceo en California en 2019, y los fiscales solicitaron el reembolso de los gastos funerarios y más.
Jerry Boylan, el capitán del Conception, fue condenado el año pasado por un cargo de mala conducta o negligencia de un oficial del barco tras un juicio de 10 días en un tribunal federal del centro de Los Ángeles. El cargo era un estatuto anterior a la Guerra Civil conocido coloquialmente como homicidio de marinero que fue diseñado para responsabilizar a los capitanes y tripulantes de los barcos de vapor por los desastres marítimos.
A Boylan, quien fue sentenciado a cuatro años de prisión y tres de libertad supervisada, también se le ordenó pagar restitución por lo que fue el desastre marítimo más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos.
Sin embargo, durante una audiencia el jueves en el tribunal federal de Los Ángeles, su abogado intentó argumentar que no se debía pagar la restitución porque no se había establecido que la pérdida de vidas fuera un resultado directo de las acciones de Boylan la noche del incendio.
El juez federal George Wu no estuvo de acuerdo y dijo que "se demostró claramente que el acusado no cumplió con las normas de seguridad" de tener una patrulla itinerante durante la noche que podría haber descubierto el incendio, un hecho que ya quedó establecido durante el juicio penal de Boylan.
La abogada de Boylan, Gabriela Rivera, también argumentó que sólo los gastos específicos, como los costos del funeral, deberían ser elegibles para restitución y tener documentación, como una factura. Agregó que Boylan no tenía activos significativos y no podría pagar la restitución, diciendo que vive de los pagos del Seguro Social y tiene un flujo de efectivo negativo en su cuenta bancaria.
"Él no tiene familia. No tiene perspectivas laborales significativas", indicó Rivera,
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Los fiscales no estuvieron de acuerdo, argumentando que Boylan en realidad tenía activos por un total de seis cifras y que pagar la restitución significaría que si alguna vez obtuviera dinero en el futuro, tendría que remunerar a las familias de las víctimas.
Kathi Mcllvain, cuyo hijo Charles murió a bordo del Conception, dijo que era "desgarrador" escuchar a los abogados discutir sobre los costos individuales. Ella y su esposo Clark se abrazaron durante la audiencia y sacudieron la cabeza mientras los abogados iban y venían.
"Para discutir por $700", indicó Mcllvain, refiriéndose a una cantidad que la defensa cuestionó en su argumento. "No hay precio que puedas ponerle a la vida de alguien", expresó.
Incluso si Boylan no pudiera pagar la restitución ahora, "al menos debería quedar registrado que debe eso, si es que alguna vez recibe dinero. No debería haber matado a 34 personas. Entonces habría podido ganarse la vida", agregó Mcllvain.
A McIlvain le resultó preocupante que Boylan solo fuera sentenciado a cuatro años y probablemente no los cumpliría hasta su apelación, lo que podría llevar años.
"La vida de nuestro hijo valía mucho más que eso", dijo.
El juez indicó que tendrá una decisión final sobre los montos de restitución en la próxima audiencia el 29 de julio.
Boylan se encuentra actualmente en libertad bajo fianza y debe presentarse ante la Oficina de Prisiones antes del 8 de agosto. Estuvo presente en la audiencia del jueves pero no habló.
El procedimiento del jueves se produjo casi cinco años después de la tragedia del 2 de septiembre de 2019 frente a la costa central de California, que provocó cambios en las regulaciones marítimas, reformas del Congreso y varias demandas civiles en curso.
El Conception estaba anclado frente a la isla Santa Cruz, a 25 millas al sur de Santa Bárbara, cuando se incendió antes del amanecer en la última jornada de una excursión de tres días, hundiéndose a menos de 100 pies de la costa.
Un total de 33 pasajeros y un miembro de la tripulación murieron, atrapados en un camarote debajo de la cubierta. Entre los muertos se encontraba el marinero, que había conseguido el trabajo de sus sueños; un científico ambiental que realizó investigaciones en la Antártida; una pareja trotamundos; un científico de datos de Singapur; y una familia de tres hermanas, su padre y su esposa.
Boylan fue el primero en abandonar el barco y saltar por la borda. También sobrevivieron cuatro miembros de la tripulación que se unieron a él.
Aunque la causa exacta del incendio sigue sin determinarse, los fiscales culparon a Boylan por no haber colocado la guardia nocturna itinerante requerida y por nunca capacitar adecuadamente a su equipo en extinción de incendios. La falta de vigilancia itinerante significó que el fuego pudo extenderse sin ser detectado a lo largo del barco de 75 pies.
Pero los defensores públicos federales de Boylan intentaron culpar al propietario del barco, Glen Fritzler, quien junto con su esposa, es dueño de Truth Aquatics Inc., que operaba el Conception y otras dos embarcaciones de buceo, a menudo alrededor de las Channel Islands de California.
Argumentaron que Fritzler era responsable de no capacitar a la tripulación en extinción de incendios y otras medidas de seguridad, además de crear una cultura marítima laxa que llamaron "el estilo Fritzler", en la que ningún capitán que trabajaba para él realizaba una guardia itinerante.
Los Fritzler no han hablado públicamente sobre la tragedia desde una entrevista con un canal de televisión local unos días después del incendio. Sus abogados nunca respondieron a las solicitudes de comentarios de The Associated Press, ni siquiera el jueves.
Tres días después del incendio, Truth Aquatics presentó una demanda en virtud de una disposición del derecho marítimo anterior a la Guerra Civil que le permite limitar su responsabilidad al valor de los restos del barco, que fue una pérdida total. La maniobra legal, probada en el tiempo, ha sido empleada con éxito por los propietarios del Titanic y otros buques y requiere que los Fritzler demuestren que no tuvieron la culpa.
Ese caso está pendiente, así como otros presentados por las familias de las víctimas contra la Guardia Costera por lo que alegan fue una aplicación laxa del requisito de vigilancia itinerante.
