El gobernador de California, Jerry Brown, vetó el jueves dos proyectos de ley para ampliar los derechos de los inmigrantes que viven ilegalmente en el país y protegerlos de la deportación.
Un proyecto de ley habría permitido que cualquier persona sirviera en juntas y comisiones estatales independientemente de su estatus migratorio, mientras que el otro buscaba impedir que las autoridades de inmigración realizaran arrestos dentro de los tribunales.
El movimiento de Brown evita abrir otro frente en la guerra de California con el presidente Donald Trump. El Gobernador dijo que no veía ninguna razón para cambiar una ley estatal que requiere que la ciudadanía sirva en las juntas estatales y locales, que supervisan las leyes de zonificación, regulan las licencias profesionales y realizan una amplia variedad de otras funciones.
"Creo que la ley existente -que requiere ciudadanía para estas formas de servicio público- es el mejor camino", escribió Brown en su mensaje de veto.
El senador Ricardo Lara, quien escribió el proyecto de ley, predijo que el requisito de ciudadanía finalmente desaparecerá.
"California se beneficia cuando todos los miembros de la comunidad pueden servir al estado que les ha dado tanto", dijo Lara en un comunicado. "Si las personas se han ganado la oportunidad de servir mediante su experiencia y talento, debemos invitarlos a la mesa".
En marzo, el Comité de Reglas del Senado estatal nombró a una mujer que vive en California sin autorización para un consejo asesor estatal.
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En 2016, Brown designó a una persona en el programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia a la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Estatal de California.
Brown vetó otro proyecto de ley, también escrito por Lara, que buscaba prohibir a las autoridades de inmigración realizar arrestos dentro de los tribunales, un punto clave de discordia entre los funcionarios de California y la administración Trump.
El Gobernador escribió en su mensaje de veto que apoya la intención del proyecto de ley, pero teme que pueda tener consecuencias imprevistas.
No dio detalles, pero dijo que quiere esperar hasta que el Fiscal General del Estado publique las políticas modelo que limitan la asistencia con la aplicación de la ley de inmigración en los tribunales, algo que se requiere en virtud de la legislación que Brown firmó el año pasado.
Así mismo, Brown firmó otro proyecto de ley de Lara que prohíbe a los hoteles y compañías de autobuses divulgar los nombres de sus clientes a las autoridades de inmigración sin una orden judicial. Esa medida fue motivada por un informe en el periódico Phoenix New Times que decía que los empleados de Motel 6 en Arizona estaban entregando listas de invitados a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas.
