Operando con virtual impunidad en Los Ángeles durante años, los estafadores han atacado a inmigrantes desesperados por obtener asesoramiento legal de expertos, estafando parte de sus ahorros de la vida y solo acelerando las deportaciones u otros desastres personales.
Pero una nueva unidad de fraude en la oficina del fiscal de distrito del condado ha estado apuntando a estos estafadores desde 2017, procesando ocho casos que engañaron por lo menos 300 inmigrantes por un valor de 3 millones de dólares, anunciaron los fiscales el martes.
Antes de que se formara la unidad con dinero de un acuerdo de protección al consumidor, la fiscal de distrito Jackie Lacey dijo que no muchos de estos casos de fraude fueron procesados en el condado "porque no teníamos los recursos y la capacitación".
"Creo que la inmunidad es exactamente cómo se han sentido (los estafadores)", dijo Ryann Jorban, uno de los dos fiscales de la oficina del fiscal de distrito asignado a la Unidad de Fraude de Notarios, que lleva el nombre de una palabra en español que se usa indistintamente con "abogado".
Los estafadores le dicen a los inmigrantes hispanohablantes que son "notarios" y pueden ayudarlos con sus casos, recolectando su dinero y diciéndoles que no se preocupen por avisos importantes del gobierno.
"Ellos dirán: 'Nos encargaremos de todo, por lo que faltan a las citas o no pagan sus honorarios", dijo Jorban.
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Algunas víctimas han sido deportadas como resultado del fraude, incluidos los llamados "Dreamers", jóvenes inmigrantes traídos a los Estados Unidos como niños a los que se les ha permitido permanecer.
"Desafortunadamente, estos estafadores saben que no solo les darán todo lo que puedan para proteger a sus familias y a ellos mismos, sino que también tendrán miedo de informar, por lo que no habrá repercusiones", dijo Jorban.
La condena más reciente de la unidad Notario, la de Romina Zadorian, de 49 años y de Montebello, involucró a 91 víctimas defraudadas por 667,000 dólares entre 2014 y 2017.
Los fiscales dijeron que Zadorian decía que trabajaba para el gobierno o que tenía conexiones especiales y prometió falsamente que podría acelerar el procesamiento de documentos de inmigración.
La semana pasada fue condenada a 15 años de prisión después de declararse culpable de robo, extorsión y producción de documentos falsos del gobierno.
En un caso similar, Gregory Chávez, de 53 años y de Porter Ranch, fue condenado a 15 años de cárcel por estafar a 102 inmigrantes. Otros dos obtuvieron penas de prisión de entre cinco y nueve años en casos separados el año pasado que involucraron a cerca de 70 víctimas defraudadas en más de 700,000 dólares, dijeron los fiscales.
Si bien muchos de estos fraudes involucran a inmigrantes de habla hispana, la unidad Notario también está trabajando en casos relacionados con inmigrantes asiáticos.
Sin importar de dónde provengan, los inmigrantes sin estatus legal deben darse cuenta de que pueden reportar ser víctimas sin preocuparse de que les impute cargos a ellos mismos, dijo Lacey.
"Escuchamos todas las quejas", dijo. "Así es como sacamos a estos estafadores de su comisión, sacándolos de las calles".
Si sospecha haber sido víctima de fraude, llame a la Unidad contra Fraudes al 213-257-2450.
