Una exempleada del Senado de California recibirá $310,000 en un acuerdo por una demanda que alegó que el cuerpo legislativo y el exsenador estatal Tony Mendoza tomaron represalias contra ella por informar que Mendoza habría acusado sexualmente de aun compañera de trabajo, informó un periódico el jueves.
La demanda presentada hace dos años por Adriana Ruelas, quien anteriormente fue directora legislativa de Mendoza, fue parte de una serie de quejas contra Mendoza que llevaron al demócrata de Artesia a renunciar en 2018, aunque negó haber actuado mal, dijo Los Ángeles Times.
El acuerdo fue confirmado en una declaración escrita de la secretaria del Senado Erika Contreras, quien lo describió como una resolución amistosa, dijo el Times.
"Nos tomamos muy en serio todas las acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo, y hemos dado un giro en la resolución de reclamos como estos", escribió.
La demanda nombraba al Senado estatal, a Mendoza y a dos altos funcionarios del Senado como acusados. Ninguno admitió haber actuado mal en virtud del acuerdo y Mendoza no respondió a las solicitudes de comentarios, dijo el Times.
El acuerdo, que se pagará con dólares de los contribuyentes del presupuesto operativo del Senado, representa una consecuencia más costosa de las acusaciones de acoso sexual que llevaron al Senado y a la Asamblea a comprometerse a cambiar sus políticas sobre el tratamiento de los denunciantes y la respuesta a las quejas.
Hace aproximadamente un año, la Legislatura había acumulado más de $1.8 millones en costos legales de las investigaciones de acoso sexual durante 2018 y el primer mes de 2019 cuando al menos nueve legisladores o exlegisladores enfrentaron acusaciones de mala conducta, según los registros obtenidos por The Associated Press. El Senado gastó $1.26 millones y la Asamblea $571,000, según los documentos.
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Ruelas ahora trabaja como jefe de gabinete del asambleísta demócrata por Highland, James Ramos.
"Si ella no se hubiera presentado y exigido que se realice una investigación, es posible que nunca se haya hecho", dijo su abogado, Micha Star Liberty. "Espero sinceramente que esta resolución pueda cerrar un capítulo muy oscuro en el que los empleados legislativos tenían miedo de presentarse y denunciar una mala conducta por temor a represalias".
La demanda de Ruelas afirmó que fue despedida en septiembre de 2017 porque informó a su supervisor y a los funcionarios del Senado sobre un supuesto patrón de discriminación, acoso y comportamiento inapropiado por parte de Mendoza hacia un recién graduado universitario que trabajaba en su oficina a través de un programa de becas.
Cinco meses después, el Senado anunció que una investigación había confirmado quejas de avances no deseados o comportamiento sexualmente sugerente de Mendoza hacia el graduado y otras cinco mujeres.
Pero esa investigación no confirmó la afirmación de Ruelas de que ella y otras dos personas fueron despedidas por denunciar el presunto comportamiento.
Su demanda alegó que el hallazgo se realizó sin "base suficiente" y el testimonio de un testigo clave.
