El abogado de la familia de un joven de 18 años que fue abatido a tiros por agentes del alguacil el año pasado en el Este de Los Ángeles dio a conocer el jueves perturbadoras imágenes del incidente y también acusó al oficial que disparó de presuntamente pertenecer a una pandilla.
La familia de la víctima presentó el viernes una demanda civil en contra del condado de Los Ángeles alegando negligencia y homicidio culposo por parte de la oficina del alguacil y del oficial que le disparó, entre otras acusaciones.
"Esa noche no mataron a mi hermano, me mataron a mí", dijo José Guadalupe Orduño, hermano de la víctima.
En llanto los familiares de Paul Rea, de 18 años, reaccionaron indignados ante las imágenes del incidente que ocurrió el 27 de junio del año pasado. Según la oficina del alguacil, todo comenzó con una detención de un vehículo por una infracción de tráfico, donde iba la víctima como pasajero.
Este vídeo de vigilancia muestra a uno de dos agentes del alguacil forcejeando con la víctima que trata de huir cuando repentinamente desenfunda su pistola y le dispara.
"Con la mano izquierda lo detiene y con la mano derecha le disparó", dijo Arnoldo Casillas, abogado de la familia.
En medio de gritos un testigo ocular que filmaba con su teléfono celular cuestiona a los oficiales por haberle disparado, mientras la víctima agoniza en el suelo. En el vídeo se escucha a uno de los agentes decirle al otro, "Me pegó fuerte".
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"Admite que lo mató, que disparó, porque le dio un golpe", dijo Casillas.
La madre del joven pidió que la fiscal del condado, Jackie Lacey, investigue el incidente.
"Lo extrañamos y lucharemos por justicia hasta el final”, dijo Leah García, madre de la víctima.
En un documento la oficina del alguacil identificó al oficial que le disparó mortalmente a Rea como Hector Saavedra y a su compañera como Argelia Huerta. Según el abogado de la familia, Saavedra presuntamente pertenece a la "Pandilla Banditos" de la estación del alguacil del Este de Los Ángeles. El viernes la fiscalía anunció que no presentará cargos criminales contra cuatro agentes que fueron acusados de ser integrantes de esa supuesta pandilla y agredir a varios de sus colegas durante una fiesta en septiembre del 2018.
"[No presentará cargos] no porque no hubo crimen, [sino] porque ellos han decidido que la evidencia no puede mantener los cargos", dijo Casillas.
En un comunicado la oficina del alguacil dijo, "Aunque la acusación no procedió para presentarles cargos criminales. Una investigación exhaustiva será llevada a cabo con acciones disciplinarias de ser necesario".
Según el abogado de la familia, la oficina del alguacil no les ha brindado acceso a la autopsia de la víctima, debido a una política interna del departamento que lo prohíbe cuando hay una demanda civil. El alguacil no hizo comentarios sobre el caso.
