El Ayuntamiento de Los Ángeles actualizó el miércoles una ley municipal para aclarar que cualquier inquilino que esté esperando el desembolso de los pagos de asistencia para el alquiler está bajo protección contra el desalojo.
Los miembros del Concejo Municipal votaron 13-0 sobre el asunto, notificando a los propietarios e inquilinos que las protecciones contra el desalojo se aplican tanto a los inquilinos que viven en unidades sin alquiler controlado como a unidades con alquiler controlado.
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Las protecciones se consideran retroactivas, según los documentos de la ciudad.
Los miembros del consejo Nithya Raman y Mónica Rodríguez estuvieron ausentes durante la votación.
Algunos inquilinos en toda la ciudad continúan enfrentando inquietud sobre el desalojo debido a la fecha límite del 1 de febrero para pagar el alquiler atrasado acumulado entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de enero de 2023.
Todas las unidades residenciales de alquiler en la ciudad tienen protecciones de “causa justa”, lo que significa que se debe declarar una razón legal para que se lleve a cabo un desalojo. En unidades sin alquiler controlado, estas protecciones entran en vigor después de seis meses o al final del primer plazo de arrendamiento, lo que ocurra primero.
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Anteriormente, el consejo extendió protecciones de desalojo para cualquier solicitante que haya sido aprobado para recibir alivio de alquiler y esté esperando esos fondos.
En la última ronda de ayuda para el alquiler, la ciudad puso a disposición más de $30 millones para ayudar a los inquilinos, pero la ciudad siguió siendo lenta en la distribución de los fondos.
Este cambio reitera que cualquier inquilino que esté esperando asistencia financiera está protegido contra el desalojo por falta de pago del alquiler. Los funcionarios de la ciudad también han aconsejado a los inquilinos que no se autodesalojen y que se comuniquen con el Departamento de Vivienda de Los Ángeles si reciben un aviso de desalojo.
Los funcionarios quieren asegurarse de que los inquilinos también comprendan el tipo de aviso que reciben. Un aviso de pago o desalojo, por ejemplo, normalmente no requiere una respuesta, pero el inquilino debe comunicarse con el Departamento de Vivienda.
Un proceso de desalojo generalmente comienza después de un aviso de tres días, y el inquilino debería haber recibido un aviso de retención ilegal. Los inquilinos generalmente deben responder dentro de los cinco días a un aviso.
Para obtener ayuda con la respuesta UD, haga clic aquí.
Los inquilinos pueden comunicarse con la línea directa del Departamento de Vivienda al 866-557-7368 o la Red de Defensa contra los Desalojos al 213-385-8112.
También puede encontrar más recursos y asistencia legal en
- Tenant Power Toolkit: tenantpowertoolkit.org/
- Stay Housed LA: www.stayhousedla.org
- Departamento de Vivienda de Los Ángeles: housing2.lacity.org/protectionsnotice
