Un juez aprobó un acuerdo judicial de 120 millones de dolares en relacion con la fuga de gas natural más grande del país.
La jueza Carolyn Kuhl, en el Tribunal Superior de Los Ángeles, firmó el lunes un acuerdo que los ambientalistas criticaron por ser demasiado favorable para Southern California Gas Co (SoCalGas).
El acuerdo entre SoCalGas, el estado de California y la ciudad de Los Ángeles exige mitigar la enorme cantidad de metano que ocasiona cambios en el clima que se desprendió durante casi cuatro meses desde una explosión en 2015 en la instalación de almacenamiento de gas de Aliso Canyon.
Los ambientalistas dicen que un plan para capturar el metano del estiércol del estriercol vacuno otorga a la empresa de servicios públicos un crédito total para los gases de efecto invernadero que solo pagan en parte por la captura.
El estado defendió el acuerdo como justo y dice que no es un subsidio para SoCalGas.
Parte del acuerdo aborda la mitigación de las 109,000 toneladas métricas de metano liberadas después de una explosión en el campo de almacenamiento de Aliso Canyon en octubre de 2015, que tardó casi cuatro meses en detenerse. El incidente provocó un olor a azufre en la comunidad de Porter Ranch, donde los residentes se quejaron de dolores de cabeza, náuseas, hemorragias nasales y otros síntomas.
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La compañía ha gastado más de 1 mil millones de dólares relacionados con la explosión y la mayoría de ellos se trasladará temporalmente a 8,000 familias, de acuerdo con los documentos presentados ante la Comisión de Valores e Intercambio de Estados Unidos. La empresa de servicios públicos aún enfrenta más de 385 demandas en nombre de 48,000 personas.
Bajo el acuerdo, la empresa de servicios acordó pagar hasta 25 millones de dólares para estudiar las consecuencias de salud a largo plazo; reembolsar a los gobiernos de la ciudad, el condado y el estado por responder al incidente; y controlar los productos químicos en el aire cerca de la instalación durante ocho años. Los costos del acuerdo no se pueden pasar a los contribuyentes.
La parte de mitigación del acuerdo exige que la empresa de servicios públicos pague 26.5 millones de dólares a la tecnología que captura el metano de las lagunas de estiércol de vaca y la canaliza a la cadena de suministro de gas natural para ser utilizada para alimentar camiones que funcionan con gas natural comprimido.
Una coalición de grupos ecologistas criticó esa decisión como una manera ineficiente de absorber el metano y dijo que conduciría a lecherías más grandes y más concentradas y a un aire más exuberante en el ya muy contaminado Valle de San Joaquín, al mismo tiempo que creará, a la vez, más infraestructura de gas natural cuando se necesitan alternativas más limpias.
