Un par de miembros del Concejo Municipal de Los Ángeles pidieron este martes la preparación de una ordenanza que prohíba que se utilicen los recursos de la ciudad para detener a cualquier persona por obtener o proporcionar un aborto en la o por cooperar con cualquier agencia, fuera del estado, que investigue a las personas que obtienen un aborto localmente.
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El jefe de la Comisión de Policía de la ciudad, por su parte, pidió el desarrollo de una política que impida que el Departamento de Policía de Los Ángeles haga cumplir cualquier ley federal que prohíba el aborto.
“Personalmente creo que la decisión es un error monumental y un paso atrás'', dijo el martes el presidente de la Comisión de Policía, William Briggs, durante la reunión de la junta.
“Puede ser el comienzo de relegar una vez más a las mujeres a una ciudadanía de segunda clase. En pocas palabras, en mi opinión, la revocación de Roe v. Wade está mal”, agregó.
Briggs pidió al director de policía constitucional de LAPD que redactar una política "que prohibiría al Departamento de Policía de Los Ángeles hacer cumplir cualquier ley promulgada por el Congreso de Estados Unidos que prohíba los abortos".
“Los Ángeles puede y debe ser una ciudad santuario para las mujeres de cualquier lugar que deseen abortar'', dijo Briggs.
Cualquier política de este tipo tendría que ser aprobada por la comisión.
Mientras tanto, en el Ayuntamiento, las concejales Nithya Raman y Nury Martínez presentaron una moción que instruiría a la Oficina del Fiscal de la Ciudad a redactar una ordenanza que prohibiría el uso de cualquier recurso, incluido el tiempo empleado por los trabajadores de la ciudad, para "detener a personas por procurar, brindar o ayudar en la atención del aborto en la ciudad de Los Ángeles; o cooperar o proporcionar información a cualquier individuo o agencia o departamento fuera del estado que investigue a personas que procuran, brindan o ayudan en la atención del aborto en la ciudad de Los Ángeles”.
Señalan en la moción que más de 20 estados están dispuestos a prohibir abortos directamente, y algunos están considerando leyes que criminalizarían a las personas que viajan a otros estados para abortar.
“La ciudad de Los Ángeles se compromete a proteger a todos los que buscan abortos en nuestra ciudad y seguirá abogando por los derechos reproductivos'', afirma su moción.
“Un estudio realizado por el Centro de Salud, Leyes y Políticas Reproductivas de UCLA estima que entre 8,000 y 16,000 personas más viajarán a California cada año para recibir servicios de aborto. Por lo tanto, es probable que Los Ángeles comience a ver una afluencia de personas que buscan acceso a servicios de aborto dentro de los límites de nuestra ciudad”.
“Es imperativo que establezcamos mecanismos para proteger a quienes vienen a nuestra ciudad asegurándose de que no se utilicen recursos de la ciudad para detener a personas que procuran, realizan o ayudan en la atención del aborto o para cooperar con investigaciones fuera del estado”.
La moción fue remitida al Comité de Presupuesto y Finanzas del concejo.
Mientras tanto, el concejal Mike Bonin presentó una resolución que llamaría a la ciudad a apoyar cualquier legislación o iniciativa estatal o federal “que use recursos y propiedades federales para preservar y aumentar el acceso a los derechos reproductivos y de aborto''.
Dicha resolución será oída por el Consejo de Reglamento, Elecciones y Comité de Relaciones Intergubernamentales.
