La lectura de cargos para una mujer de Lancaster y su novio acusados por la tortura y el asesinato de su hijo de 10 años fue pospuesta una vez más hasta el 3 de octubre.
Heather Maxine Barron, de 28 años, y Kareem Ernesto Leiva, de 32, enfrentan un cargo por asesinato y tortura en conexión con la muerte de Anthony Ávalos. Barron tiene un cargo adicional de abuso infantil, mientras Leiva tiene un cargo de asalto a un niño causando la muerte.
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Barron también está acusado de un cargo de abuso infantil. Leiva además es acusado con un cargo de asalto a un niño con consecuencia en la muerte.
Los dos están acusados de torturar al niño en los días previos a su muerte, el 21 de junio, según los fiscales.
Si es declarada culpable, Barron podría enfrentar una condena de hasta 22 años en una prisión estatal y Leiva podría enfrentar un máximo de 32 años a cadena perpetua, según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.
Leiva fue detenido por los agentes del alguacil después de ser tratado por una laceración aparentemente auto infligida en su pecho.
Barron fue arrestada poco despues por los ayudantes del alguacil, según los registros de la cárcel. Ambos están detenidos en lugar de una fianza de 2 millones de dólares para cada uno.
Agentes del alguacil y paramédicos respondieron a una llamada al 911, hecha por Barron, el 20 de junio, alrededor de las 12:15 p.m., y encontraron al chico inconsciente dentro del departamento de su familia.
Las autoridades dijeron que les habían informado que el niño había sufrido heridas por una caída, pero los investigadores clasificaron rápidamente la muerte como “sospechosa”. El alguacil Jim McDonnell dijo a los periodistas que el niño “sobrevivió toda la noche'' pero “trágicamente sucumbió a sus heridas a las 6:30 de la mañana siguiente".
En una conferencia de prensa horas antes de que se anunciaran los cargos criminales, la familia del niño, excluyendo a su madre, exigió respuestas sobre cómo los trabajadores sociales manejaron el caso del niño.
Local
Al abogado Brian Claypool se unió un grupo de parientes del niño fuera de la oficina del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Lancaster.
El mes pasado, la Junta de Supervisores aprobó una moción de la Supervisora Kathryn Barger pidiendo una revisión exhaustiva de por qué Anthony no fue sacado de la casa de su familia, a pesar de una docena de informes al DCFS entre 2013-16, incluida una acusación fundamentada de abuso sexual por un abuelo cuando el niño tenía 4 años.
