Nuevos detalles han surgido en cuanto a la información que compartieron las autoridades mexicanas con el gobierno de Estados Unidos durante la llegada de la caravana migrante a la frontera.
Desde una bodega en la zona centro de Tijuana donde por un mes se instalaron hasta 500 migrantes dicen los organizadores que compartían constantemente los nombres con la Policía federal.
"Les mostrábamos cuantos llevábamos, cuantos nuevos habían entrado, y quienes eran, y de donde venían", dijo Lourdes Lizardi, activista en Tijuana.
Listas con nombres, lugar de origen e incluso aspiraciones de los integrantes de la caravana, era la información compartida.
"Que se quería ir a Monterrey, que se quiere regresar, quiere quedarse en México y otros que les valía gorro, y ellos por donde sea iban a pasar a Estados Unidos", agregó Lizardi.
Los documentos compartidos eran presuntamente protegidos por los propios migrantes.
"Si, nosotros la resguardábamos ahí esa información", aseguró Reinerio Lainez, migrante de Honduras.
Inmigración
En algunos de los casos, esos nombres llegaron a manos del gobierno de Estados Unidos que en un documento relató CBP, se asoció con el Gobierno de México para abordar las amenazas en desarrollo donde también agregó que "La Policía Federal de México identificó a varios periodistas y fotógrafos como posibles asistentes para cruzar la frontera de manera ilegal y / o con cierto nivel de participación en los eventos de incursión violenta".
Ante los hechos, la policía federal en Baja California aseguró que su única labor de inteligencia fue hacia los activistas de la bodega en la zona norte que no se querían salir.
Ciudadanos estadounidenses fueron tipificados como instigadores por los propios coordinadores de la bodega y activistas.
"Se metía bastante gente de Estados Unidos, anarquistas y seguidores de Donald Trump y eran los que nos alborotaban a la gente", señaló Lizardi.
Sin embargo, las listas con los nombres de los migrantes aseguró la coordinadora general de ese albergue temporal, que si se mostraban diariamente a la policía federal.
"El encargado de la policía federal o el que quedará en turno llegaba y nos checaba la lista para ver quiénes eran los que estaban ahí", aseguró Lizardi.
La policía federal dijo que su postura oficial era la de la cancillería mexicana quien dijo que el Gobierno de México desaprueba todo tipo de actos de espionaje ilegal hacia cualquier persona, nacional o extranjera.
Migrantes que en casos como el de Reinero aún habitan en Tijuana y dicen su único delito es buscar una mejor calidad de vida.
"Están espiando nada porque nosotros somos transparentes en todo lo que hacemos, en todo hemos sido transparentes", comentó el migrante de Honduras.
Ante esto la Policía federal remitió los detalles de este trabajo de inteligencia a la cancillería mexicana que negó cualquier tipo de espionaje y dijeron por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se solicitará información al Gobierno de los Estados Unidos para esclarecer cualquier posible caso de espionaje ilegal.
