Un juez de inmigración ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que libere a Marcelina Ríos después de estar detenida por seis meses.
La Sra. Ríos es madre de cinco niños ciudadanos estadunidenses, incluyendo a un niño pequeño y una hija con necesidades especiales, y ha vivido en California durante dos décadas.
Ríos fue arrestada el 13 de octubre en Rancho Cucamonga cuando vendía productos en la calles por oficiales del Departamento del Alguacil de San Bernardino, quien la transfirió al centro de detención de ICE.
"Nunca pensé que un día vendiendo maíz podría separarme de mi familia y causarme casi la deportación", dijo Ríos, quien se encuentra en el Centro de Detención de Adelanto, donde espera su liberación. "Ha sido extraordinariamente difícil estar separado de mis hijos por tanto tiempo. No olvidaré que hay tantos otros aún detenidos".
Emi MacLean, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, que representa a Ríos, dijo que "la cooperación policial con ICE crea consecuencias desproporcionadas para delitos menores, que a menudo nunca deberian de haber sido criminalizados en primer lugar".
Actualmente, muchas jurisdicciones de California prohíben o restringen severamente la venta ambulante, con sanciones penales adjuntas. Como resultado, decenas de miles de empresarios inmigrantes y de bajos ingresos enfrentan la amenaza de enjuiciamiento. Para los vendedores inmigrantes, como la Sra. Ríos, esto puede tener consecuencias devastadoras.
El Senador estatal Ricardo Lara dijo que casos como el de la Sra. Ríos lo han motivado a redactar la SB 946, un medida que protegerá al vendedor ambulante. El proyecto de ley alentaría a las localidades a adoptar regulaciones de venta que cumplan con los estándares de seguridad y oportunidad justa.
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"La campaña de vendedores ambulantes de Los Ángeles respalda a Ríos y los miles de empresarios vendedores de California que trabajan arduamente para mantener a sus familias y alimentar a nuestras comunidades", dijo Doug Smith, abogado de Public Counsel. "Las políticas que penalizan la venta ambulante, como la que resultó en el arresto de Marcelina, no tienen cabida en una California inclusiva y equitativa".
