Una organización sin fines de lucro de San Diego ha iniciado una demanda en contra del Estado de California, ya que alegan que no les permiten abrir un refugio para mujeres víctimas de tráfico humano debido a sus creencias religiosas.
La organización llamada “Children of the Immaculate Heart” está demandando al estado, porque aseguran que por ser católicos no les han permitido abrir las puertas de un albergue para niñas víctimas de tráfico humano.
“Porque nosotros somos católicos, tuvieron varios problemas con nuestra solicitud”, dijo Lans Larson, miembro de la junta directiva de la organización.
La solicitud es para obtener la licencia que necesitan y poder recibir en una casa a jovencitas que han sido víctimas de tráfico humano.
“Tuvimos que recaudar fondos de varias personas”, comentó Larson.
La casa cuya ubicación no puede ser revelada, cuenta con instalaciones de primera. Su construcción y todo el papeleo requerido hasta la fecha ha costado unos 600 mil dólares, pero el problema que enfrentan no es de dinero, sino de controversias sociales mucho más complejas.
“Ellos querían que tuviéramos un grupo específico de miembros de la comunidad LGBTQ con quienes trabajáramos y ofreciéramos transporte. Sin embargo, como agencia no podemos proveer eso porque va en contra de nuestra creencia católica”, dijo Grace Williams fundadora de la organización.
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Ella detalla que además de proveer transporte a grupos o eventos de la comunidad LGBTQ, el estado también les pidió información acerca del acceso a clínicas para abortos y anticonceptivos, siendo su postura ante el tema lo que ellos creen ha paralizado su proceso.
“Nos bloquearon por completo y detuvieron nuestro proceso de licencia”, comentó Williams.
Nosotros contactamos al Departamento de Servicios Sociales de California, encargado de procesar estas solicitudes y ellos nos dijeron que ellos no han negado la solicitud, sino que se encuentra pendiente.
Sin embargo, para el defensor legal la tardía respuesta, ya es una respuesta.
“Lo que el gobierno está haciendo aquí es injusto e inconstitucional. Juraron darle una respuesta a CID en 90 días y han estado bloqueando este proceso durante más de un año”, dijo el abogado Paul Jonna.
En nuestra comunicación con el Departamento de Servicios Sociales nos dijeron que la organización aún debe cumplir con ciertos requisitos. Sin embargo, no especificaron si se trataba de estos tres puntos específicos relacionados con el acceso a clínicas para abortos y anticonceptivos, o actividades de la comunidad LGBTQ.
