Sigue prohibición de venta de cannabis en algunas zonas del condado

No se podrá vender marihuana en las áreas no incorporadas

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    Sigue prohibición de venta de cannabis en algunas zonas del condado
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    La prohibición del cannabis comercial sigue vigente en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles (Photo archivo: David McNew/Getty Images)

    La prohibición del cannabis comercial sigue vigente en las áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles, y la Junta de Supervisores decidió el martes por no tomar ninguna medida al respecto, incluso cuando se abran nuevos dispensarios legales con licencias estatales y locales en otras partes del condado.

    El Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor (DCBA) del condado presentó tres opciones a la Junta de Supervisores para avanzar:


    • permitir y regular todo tipo de actividad comercial de cannabis médico y recreativo.
    • limitar los tipos de empresas de cannabis que se pueden abrir, por ejemplo, solo permiten dispensarios médicos; o
    • mantener la prohibición. 


    Después de meses de discusiones con expertos en políticas de drogas, investigadores académicos, profesionales de la salud pública, funcionarios locales electos y residentes, la Oficina de Manejo de Cannabis (OCM) presentó al consejo 64 recomendaciones y un análisis de ingresos tributarios.

    El informe de DCBA se centró en los pasos necesarios para implementar cualquier política en particular, incluidos mapas detallados de dónde se pueden ubicar las empresas.

    Una conclusión clave del informe es que si la junta decide levantar la prohibición, queda mucho por hacer: establecer una comisión y una junta de revisión asesora, crear una evaluación de salud y modificar al menos cinco diferentes ordenanzas del condados y la creación de un taller público sobre el acceso a las oportunidades de cannabis. Todo lo cual probablemente tomaría meses, sino años.

    Y la junta no tiene prisa.

    “La Junta de Supervisores ha decidido no apresurarse en este asunto y, al no tomar medidas sobre el informe hoy, ha permitido que la prohibición del cannabis comercial en las áreas no incorporadas continúe'', dijo la Supervisora ​​Janice Hahn en un comunicado.

    “Sin embargo, esta prohibición no afecta la capacidad de los residentes de usar cannabis recreativamente o cultivar plantas en su propiedad para uso personal como lo garantiza la Propuesta 64'', añadió

    Más de 100 personas se inscribieron para hablar sobre el tema durante la reunión de la junta y la mayoría presionó al condado para avanzar hacia la regulación, argumentando que la prohibición permitió que floreciera el mercado negro, en contra del objetivo de la legalización estatal.

    “El condado y sus ciudades necesitan liderazgo '', dijo el activista del cannabis Jonatan Cvetko. “Ellos necesitan su liderazgo. Así que mantenga el espíritu de la Propuesta 64 y brinde vías a la legislación para la transición de los concesionarios... a un mercado regulado''.

    Pero otros plantearon preocupaciones sobre la protección de los vecindarios, y los niños en particular, de la exposición al cannabis.

    Una residente de Rowland Heights y miembro de la junta escolar dijo que su vecindario quería que la prohibición se mantuviera, e instó al condado a no adoptar un enfoque único para todas las comunidades.

    “Hablo como padre, abuelo, bisabuelo, pero también como miembro de la junta '', dijo Lynne EbenKamp a la junta. “Muchos de nosotros estamos hablando porque los niños nunca votaron por esto. Y verán los peores efectos de esto en su futuro''.

    Hahn dijo que continuará trabajando para que los dispensarios ilegales en las áreas no incorporadas se cierren rápida y permanentemente. Sin embargo, eso ha resultado difícil de lograr.

    El informe a la junta señaló que alrededor de 75 tiendas ilegales estaban operando en abril de 2017. Siete meses después, 29 de esas tiendas habían sido cerradas, pero se abrieron 31 nuevas en su lugar, en lo que se describió como “un esfuerzo inútil” para resolver el problema.

    El DCBA ofreció varias estrategias para mejorar el cumplimiento, desde el sello de aprobación del condado en escaparates, para aumentar la conciencia del consumidor de negocios legales versus negocios ilegales, hasta ideas más agresivas, como advertir a los propietarios y empleados sobre actividades ilegales y desconectar los servicios públicos que prestan servicios a tiendas ilegales. 

    Si el condado avanza hacia la regulación, los ingresos fiscales estimados serían de aproximadamente de 18 millones de dólares en el primer año de permiso, lo que aumentaría a casi 34 millones de dólares después de cinco años, según el OCM.

    Implementar un impuesto requeriría someterlo a votación. La primera oportunidad para tal medida sería noviembre de 2018, lo que requeriría que se lleven a cabo acciones antes del 10 de agosto.