Oficiales del alguacil del Condado de Orange publicaron hoy estadísticas que muestran que en 2018, el primer año de la llamada ley santuario estatal, la agencia entregó 717 detenidos en la cárcel del condado a las autoridades federales de inmigración.
La ley impide que el departamento del alguacil entregue a los presos a ICE dentro de la cárcel, pero los agentes han logrado evitar eso al publicar la fecha de liberación de los presos en el sitio web de la cárcel, lo que le da a la agencia federal la oportunidad de rastrear cuándo un detenido de ICE va a ser liberados y recogerlo a medida que salen de la cárcel.
Un total de 1,823 de los reclusos de la cárcel del condado eran buscados por ICE el año pasado. La ley impidió a los agentes notificar a ICE la liberación de 1.106 de esos internos.
De acuerdo con el departamento del alguacil, de 173 que fueron detenidos nuevamente, estos fueron arrestados por 58 tipos de delitos, incluidos los intentos de asesinato, asalto y agresión, abuso de menores y robo de ICE.
De los arrestados nuevamente en el Condado de Orange, cuatro fueron por intento de asesinato, 10 por robo, dos por abuso infantil y secuestro, y uno por actos lascivos, violacion conyugal, violación de una menor de edad y secuestro de niños.
El Departamento del Alguacil del Condado de Orange no sabe cuántos fueron arrestados fuera del condado.
El alguacil Don Barnes, quien dijo durante su campaña el año pasado que no se opone a otras partes de la ley, reiteró su oposición a la parte de la ley que le impide coordinar las transferencias de reclusos a ICE.
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“La comunicación abierta entre los asociados de las fuerzas del orden público es una mejor práctica para las agencias de seguridad pública'', dijo Barnes, y agregó que la ley del Estado Santuario “obstaculiza esta comunicación y pone a la comunidad en riesgo. Continuaré ejerciendo toda mi autoridad como alguacil y notificaré a ICE cuando lo permita la ley”.
Durante la campaña del alguacil el año pasado, Barnes participó en la realización de videos de anuncios de servicio público con el Consulado de México que aseguraron que los agentes del alguacil no estaban haciendo cumplir las leyes de inmigración.
Los anuncios de servicio público tenían la intención de alertar a las inmigrantes que viven en el país de manera ilegal que las autoridades no los arrestarán si denuncian un delito o son víctimas de un delito.
“No hacemos cumplir la ley de inmigración'', dijo Barnes en una conferencia de prensa en octubre. “Nunca hemos hecho cumplir las leyes de inmigración y no haremos cumplir la ley de inmigración en la calle”.
El alguacil agregó entonces: “Si pide ayuda, estaremos allí para ayudarlo. No someteremos a nadie a ninguna consulta relacionada con su estado migratorio”.
Los partidarios de la ley estatal del Santuario dicen que las autoridades locales que ayudan a ICE con los arrestos por inmigración asustan a los inmigrantes indocumentados para que no denuncien los delitos.
Barnes, sin embargo, dijo que continuará abogando por la derogación de la Ley del Estado Santuario.
“La política pública arraigada en objetivos políticos a corto plazo nos hace menos seguros", dijo. “Los legisladores deben derogar las leyes que limitan la capacidad de las fuerzas del orden público para colaborar en amenazas compartidas. Vayamos más allá de la política y dejemos que las fuerzas del orden operen bajo las mejores prácticas que han demostrado proporcionar una comunidad más segura”.
