Padres de Ayotzinapa exigen más investigación

Padres de Ayotzinapa exigen profundizar investigaciones

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    Padres de Ayotzinapa exigen más investigación
    EFE
    En diversas ciudades mexicanas, como Guadalajara, Jalisco, se realizaron actos para recordar los 10 meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

    Padres y compañeros de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, sur de México, reiteraron su llamado a ampliar las investigaciones del caso, al cumplirse 10 meses de la tragedia.

    "No podemos regresar a casa sin saber lo que verdaderamente ocurrió con nuestros hijos", dijo Melitón Ortega, padre de uno de los desaparecidos, al leer la posición de padres y estudiantes en un mitin ante el monumento conocido como Hemiciclo a Juárez, en el sector central de Ciudad de México.

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    "Pese a que políticos y autoridades nos piden aceptar que nuestros 43 estudiantes fueron asesinados, los seguiremos buscando con vida mientras no se esclarezca lo sucedido con ellos mediante pruebas científicas irrefutables", sostuvo.

    De acuerdo con el posicionamiento, el reporte presentado el jueves por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echa por tierra la "verdad histórica" con que el Gobierno pretende cerrar el caso, por lo que exige que el expediente se mantenga abierto hasta agotar todas las líneas de investigación.

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    A su vez, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, indicó que después del mitin brigadas informativas recorrerán los puntos más importantes de la ciudad para repartir a los ciudadanos 30,000 volantes con el posicionamiento.

    Los manifestantes, respaldados por diversas organizaciones civiles, también realizaron el domingo una marcha en la que exigieron a las autoridades atender las recomendaciones contenidas en el reporte de la CNDH.

    El jueves, el titular de la CNDH, Luis Raúl González, presentó el documento "Estado de la Investigación del Caso Iguala" relativo de la desaparición de los estudiantes.

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    Afirmó que en los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, "se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada".

    En su reporte, la CNDH subraya la necesidad de aplicar medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a la víctimas y a sus familiares, que por diversas razones no han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho.

    Asimismo, resalta la falta de realización de diligencias ministeriales, tanto federales como locales, incluyendo la ejecución de órdenes de aprehensión, que se estima que serían de utilidad para lograr una investigación exhaustiva e integral de los hechos.

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    Advierte también la falta de medidas que contribuirían a generar un entorno con mayores condiciones de seguridad en Iguala.

    El documento plantea en total 32 observaciones y propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local), que buscan contribuir a alcanzar la verdad jurídica sobre los hechos.

    El mismo jueves, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) informó en un boletín que recibió el documento de la CNDH, y prometió que atenderá sus observaciones y recomendaciones.

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    "La PGR reitera su compromiso de continuar con una investigación profunda, exhaustiva y transparente, tendente al esclarecimiento puntual de estos hechos", afirmó la institución.

    Un día después, el secretario de Gobernación (Interior), Miguel Ángel Osorio, declaró que ante las observaciones de la CNDH el Gobierno tiene plena convicción de llegar a la verdad.

    "Lo estamos haciendo por convicción. Queremos la verdad y que los responsables sean castigados", apuntó.

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    De acuerdo con la versión oficial de los hechos, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa fueron atacados a tiros por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

    Seis personas murieron, incluidos 3 alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías locales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron sus restos en un tiradero de basura.

    Sin embargo, los familiares de los desaparecidos no creen en esta versión y exigen que se investigue el presunto papel de fuerzas federales en la tragedia.

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