Otro funcionario de alto rango del alguacil presentó este jueves una demanda por daños y perjuicios contra el condado de Los Ángeles. Alega que el alguacil, Alex Villanueva, tomó represalias contra ella y la degradó como parte del esfuerzo por encubrir su conocimiento de un altercado, en el que un oficial se arrodilló sobre la cabeza de un recluso esposado durante tres minutos.
La exayudante del alguacil, Robin Limon, es el segundo funcionario del departamento esta semana en presentar una demanda contra el condado por el presunto encubrimiento.
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El comandante Allen Castellano presentó un reclamo similar anteriormente, alegando represalias como parte de un esfuerzo por minimizar el conocimiento de Villanueva sobre el caso de uso de la fuerza.
El alguacil ha negado repetida y vehementemente cualquier esfuerzo por encubrir el caso, insistiendo en que no estaba al tanto del incidente del 10 de marzo de 2021, hasta que vio un video de vigilancia en noviembre de ese año.
Ha afirmado en dos conferencias de prensa, la más reciente esta semana, que una vez que vio el video en noviembre, tomó medidas inmediatas para suspender al oficial involucrado e iniciar una investigación criminal.
Castellano, sin embargo, sostuvo que Villanueva vio el video días después de ocurrido el incidente.
Limon respalda esa acusación en su reclamo, que dice que ella "llevó el video en DVD del incidente de uso de la fuerza alrededor del 15 de marzo de 2021 a la oficina de Villanueva y vio el video con él".
El reclamo dice que ella vio el video con el alguacil, el teniente Anthony Blanchard y el subalguacil Timothy Murakami. Murakami esta semana negó rotundamente haber visto el video en marzo.
“Villanueva bloqueó una investigación penal sobre el asunto, mintió sobre el incidente y afirma que no vio el video hasta noviembre de 2021 para encajar en una línea de tiempo falsa”, alega el reclamo de Limón.
El mes pasado, Los Angeles Times obtuvo el video y publicó una historia que detalla las acusaciones de que el departamento del alguacil trató de encubrir el incidente debido a sus similitudes con las tácticas policiales de Minneapolis que llevaron a la muerte de George Floyd.
Según el reclamo de Limon, un precursor de una demanda, el 29 de marzo, el alguacil "exigió y obligó al alguacil adjunto Limon a elegir entre dos opciones venenosas: retirarse o ser degradado cuatro rangos, a teniente".
Ella finalmente optó por la degradación.
“Las razones de la mala conducta del alguacil fueron dos: tomar represalias contra el denunciante por ser un denunciante en varios casos de conducta ilegal y otras conductas ilícitas y para promover su encubrimiento de un incidente de uso excesivo de la fuerza”, dice el reclamo.
Repitió la afirmación de Castellano de que Villanueva, después de ver el video, declaró que “nosotros (el departamento) no necesitamos malos medios en este momento'' y dijo que él “manejará el asunto''.
“Sin embargo, al ‘manejar el asunto', Villanueva realmente quiso decir que procedería a obstruir la justicia y dirigir un encubrimiento de los hechos'', dice la denuncia.
El altercado de uso de la fuerza de marzo de 2021, que fue informado por primera vez por el Times, ocurrió en el Palacio de Justicia de San Fernando, donde un recluso de 24 años llamado Enzo Escalante supuestamente golpeó en la cara al ayudante del alguacil Douglas Johnson.
Johnson y otros agentes derribaron a Escalante al suelo, y Johnson puso su rodilla sobre la cabeza del recluso.
El video de seguridad del altercado muestra a Johnson manteniendo su rodilla sobre la cabeza de Escalante durante tres minutos, después de que lo esposaron y no pareció resistirse.
Después de que el Times publicara la historia y el video, Villanueva realizó una conferencia de prensa y negó cualquier esfuerzo por encubrir el incidente.
Reconoció que hubo fallas internas en el departamento y dijo que una investigación criminal debería haber comenzado inmediatamente después del altercado, pero solo se inició una investigación administrativa.
Insistió en que no vio el video hasta noviembre e inmediatamente inició la investigación criminal.
Villanueva reiteró ese cronograma el martes, negando nuevamente cualquier tipo de encubrimiento o represalia.
“Cuando se trata de encubrimientos o denunciantes, no veo qué fue tapado o qué silbato sonó, porque eso es un misterio'', dijo.
Calificó el reclamo de daños de Castellano como parte de un proceso político en curso. Un ataque destinado a descarrilar su candidatura a la reelección.
También arremetió contra el Times, diciendo el martes durante su conferencia que la reportera Alene Tchekmedyian era una de las tres personas examinadas como parte de una investigación criminal sobre la filtración del video de vigilancia.
Después de ser criticado por el Times, miembros de la Junta de Supervisores y otros grupos periodísticos, el alguacil se retractó de sus declaraciones el martes por la noche y negó haber dicho que Tchekmedyian estaba bajo investigación criminal.
Fue tan lejos durante su conferencia de prensa que mostró una foto grande de la reportera, el retador electoral Eli Vera y el inspector general del condado Max Huntsman, mientras describía el tipo de posibles cargos criminales que se investigan en relación con la filtración del video.
“Cuando pones todo esto en contexto te das cuenta de que hay mucha gente trabajando en concierto y coordinación'', dijo el alguacil durante su conferencia de prensa.
“Eso incluye al L.A. Times. Eso incluye a la gente que obviamente quiere derrotarme electoralmente. Eso incluye al inspector general designado por la (Junta de Supervisores) y la Comisión de Supervisión (Civil). Mucha gente trabaja horas extras y lo hacen lo mejor que pueden, así que me dirán más tonterías hasta el 7 de junio, pero es lo que es”, dijo Villanueva.
A pesar del intento del alguacil de retractarse de sus comentarios sobre la investigación de Tchekmedyian, el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa envió el jueves a Villanueva una carta condenando la amenaza.
“Su amenaza explícita de emprender una investigación de represalia a un periodista que cubre su conducta oficial y la del Departamento, es una afrenta a la Primera Enmienda y una violación de su confianza pública con la gente de Los Ángeles”, escribió la organización.
“Incluso cuando finalmente no se presentan cargos, la señal hostil enviada por estos incidentes pueden tener un efecto escalofriante en la recopilación de noticias en Los Ángeles y, por lo tanto, en el flujo de información al público al que sirve su oficina”, según el grupo.
"Y su retórica agudiza, también, los graves riesgos físicos que ya enfrentan los periodistas que se dedican a informar sobre el terreno sobre la aplicación de la ley", agregó el comunicado.
