Tres personas enfrentan cargos por supuestamente incitar a los consumidores a recibir mejoras de eficiencia energética en sus hogares por un trabajo que nunca se completó, anunció el miércoles la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.
Pedro De Jesus Diaz, 41, Esfahani Salahi, 28, y Mahsa Karimaghaei, 31, fueron acusados en una denuncia de 29 cargos de hurto mayor, robo residencial en primer grado, uso no autorizado de información de identificación personal, personificación falsa, desvío de fondos de construcción y otros cargos.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
“Los consumidores deberían poder participar en programas que puedan beneficiarlos sin ser víctimas de personas que utilizan prácticas engañosas”, dijo el fiscal de distrito George Gascón.
“Las personas que fueron victimizadas eran especialmente vulnerables porque algunos eran ancianos y para muchos el inglés no era su idioma principal”, dijo. “Mi oficina procesará a quienes infrinjan la ley al explotar a los consumidores para su propio beneficio personal”.
Los tres acusados, cuyas ciudades de origen no estuvieron disponibles de inmediato, se han declarado no culpables. La fecha de la audiencia preliminar está programada para el 19 de enero en el centro de Los Ángeles.
Díaz dirigía Bright Energy Inc., una empresa que ofrecía instalar productos de bajo consumo como paneles solares, techos y unidades de calefacción o aire acondicionado. Salahi y Karimaghaei eran empleados de la empresa que solicitaban posibles clientes, según los fiscales.
Local
La empresa se inscribió en el programa estatal de préstamos de energía limpia evaluados por la propiedad. Los demandados están acusados de hacer declaraciones falsas y engañosas a nueve consumidores para realizar construcciones en sus casas, entre 2018 y 2019.
Los demandados supuestamente usaron la información personal de los propietarios para solicitar préstamos sin permiso.
En la mayoría de los proyectos, el trabajo nunca se terminó y la empresa está acusada de quedarse con aproximadamente $843,000 en dinero del préstamo, según la Oficina del Fiscal de Distrito.
El caso sigue siendo investigado por la Junta Estatal de Licencias de Contratistas del Departamento de Asuntos del Consumidor de California.
