Varias familias que recibieron órdenes para desalojar las casas rodantes que habitan en Sylmar aún continúan en sus viviendas porque alegan que no tienen otro lugar donde vivir.
Algunos de ellos pudieron empacar sus pertenencias y salir del lugar pero la mayoría aún se encuentra en sus trailers, pensando que podría suceder con su futuro.
Las familias han estado viviendo en más de 20 casas móviles instaladas en forma ilegal en el patio de una propiedad. Muchos de ellos han manifestado que permanecerán allí ya por carecer de los medios para alquilar otra vivienda.
Hace unos días un juez dio la orden de desalojo a todas las personas que habitaban en las viviendas móviles. El problema, además de la presencia de un derrame de aguas residuales, fuertes olores y otros peligros de salud que, según varios vecinos, han afectado a la comunidad desde hace años.
Algunos residentes señalan que la ciudad de Los Ángeles les había prometido ayuda para sacar sus pertenencias pero nunca se presentaron.
Jose Castillo es uno de los residentes que desalojó su vivienda en donde había vivido casi cuatro años. Afirma que la propietaria, Cruz Florian Godoy, los engañó y abusó de los inquilinos.
“‘Yo no necesitaba nada de lo que ustedes han hecho’”, dijo Castillo, repitiendo lo que les había dicho la dueña. “Nos quedamos como '¿nosotros qué?' Estamos ayudándole para que no nos saquen. No es justo”.
Tras la orden de desalojo de la propiedad, el LADWP canceló el servicio de electricidad. El servicio de agua dejó de funcionar el sábado.
“Esas trailas no están aptas para que un ser humano viva dignamente”, dijo Oscar Rodríguez, uno de los inquilinos. “Tienen likeo (derrame) de agua”.
Una residente de Santa Mónica manejó hasta Sylmar para ofrecer ayuda ya que dice tener espacio en su propiedad para varias casas móviles. Intentó hablar con la propietaria pero le negaron el acceso.
“Podría ofrecer espacio para 20 casas móviles para que tengan un lugar donde vivir”, dijo Patty Finer.
El caso de desalojo, al parecer, ha dividido a los vecinos del lugar. Algunos consideran que se trata de una injusticia.
“No es algo para festejar porque no me siento contenta. Me siento mal por la gente que vive ahí”, dijo Nancy Román, residente del área.
Reporteros de Telemundo 52 intentaron comunicarse con Godoy pero se negó a dar declaraciones.
La concejal Mónica Rodríguez dijo el viernes que estaba a cargo de los esfuerzos de este caso.
“Nunca había experimentado una situación en donde personas vivieran en estas condiciones, desde la calle es difícil darse cuenta”, dijo Rodríguez a Telemundo 52.
Dijo conocer la situación desde el año 2020 pero que aún no había visitado la propiedad. Señaló que el proceso se demoró debido a que era una propiedad privada.
Tampoco estuvo disponible para hablar con los reporteros el domingo.
Por el momento, no se sabe cuántas personas aún quedan viviendo en estas casas móviles, a pesar de la orden del juez.