Los funcionarios de la ciudad y el condado de Los Ángeles aparentemente acordaron un plan para pagar la vivienda de emergencia de miles de personas indigentes que viven cerca del sistema de autopistas y que fue aprobado por un juez federal el jueves.
El mes pasado, un juez federal nombró a un mediador para supervisar los esfuerzos para resolver el problema financiero que ha retrasado la resolución de una demanda que acusa a los gobiernos de la ciudad y el condado de no hacer lo suficiente para abordar el problema de las personas sin hogar frente a la pandemia de coronavirus.
Aparentemente, el árbitro ha ayudado a los funcionarios a encontrar una solución a la cuestión de la responsabilidad por los costos asociados con llevar a las personas sin hogar al interior durante la pandemia de COVID-19.
Los documentos de la corte sugieren que los abogados han resuelto el problema de las respectivas responsabilidades financieras de los costos operativos en los refugios u opciones de vivienda alternativas similares, incluidos los pagos por seguridad, higiene, alimentación y gestión de casos para personas que no tienen hogar.
Ese grupo incluye a aquellos que viven a menos de 500 pies de un paso elevado, paso subterráneo o rampa en la autopista, de acuerdo con las presentaciones de la corte federal de Los Ángeles.
A mediados de mayo, el juez de distrito estadounidense David Carter ordenó a las autoridades de Los Ángeles alejar a miles de personas sin hogar de las autopistas y rampas debido a los peligros mortales en esas áreas, incluidos los contaminantes, los automóviles que pasan y los posibles terremotos.
Carter dijo que los gobiernos del condado y de la ciudad deben proporcionar un refugio alternativo para las 6,000 a 7,000 personas que viven debajo de las autopistas y en las rampas de entrada y salida.
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Carter indicó que el mandato temporal entraría en vigencia el 22 de mayo, pero permitió a las partes presentar un acuerdo alternativo. Las conversaciones se interrumpieron debido a la financiación compartida, lo que llevó a la solicitud conjunta de un segundo juez para supervisar la disputa.
"Es lamentable que este esfuerzo continuo para desarrollar respuestas humanas y sostenibles a los desafíos de las personas sin hogar sea asediado por un legado de enredos burocráticos y embotellamientos", escribió Carter en documentos judiciales el mes pasado.
Carter luego dio a las autoridades hasta el 1 de septiembre para reubicar a cualquier persona que acampara a menos de 500 pies de una autopista. Las opciones de alojamiento incluirían refugios, sitios seguros de estacionamiento para vehículos recreativos o habitaciones de hotel o motel. Carter requirió que se presentara un informe de estado inicial antes del 12 de junio, que luego se extendió hasta el jueves por la mañana.
La demanda, presentada en marzo por un grupo de empresarios y residentes del centro de la ciudad llamada LA Alliance for Human Rights, alega que la ciudad y el condado de Los Ángeles no han podido proteger al público y proporcionar refugio adecuado para quienes viven en las calles. Los demandantes buscaron que un juez estableciera un mandato para establecer servicios para personas indigentes y opciones para dormir.
