La ciudad de San Fernando adoptó una ordenanza que protege del desalojo a los inquilinos residenciales y comerciales durante la crisis del COVI-19.
La ordenanza prohíbe que el arrendador inicie el proceso de desalojo por falta de pago del alquiler hasta el 31 de mayo de 2020.
Los inquilinos residenciales son elegibles si reúnen los siguientes requisitos:
- No pudo trabajar, o estaba cuidando a un miembro de la familia o del hogar, debido a una enfermedad de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19;
- Experimentó un despido, pérdida de horas u otra reducción de ingresos como resultado de COVID-19, el estado de emergencia u otra respuesta del gobierno;
- Necesitaba faltar al trabajo para cuidar a un niño cuya escuela o guardería se cerró en respuesta a COVID-19.
La ordenanza requiere que tanto los inquilinos residenciales y comerciales notifiquen al dueño de la propiedad dentro de los primeros siete días posteriores al pago del alquiler.
En el caso de los negocios, la ordenanza solo aplica para los inquilinos comerciales con 25 empleados o menos. El inquilino deberá reunir los siguientes requisitos:
- No pudo operar debido a una orden de salud estatal o local relacionada con COVID-19;
- Experimentó una pérdida de ingresos como resultado de COVID-19, el estado de emergencia u otra respuesta del gobierno;
- Las operaciones del inquilino se vieron afectadas debido a que el (los) empleado (s) estaban enfermos o cuidaban a un familiar o familiar que estaba enfermo con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, o que necesitaban faltar al trabajo para cuidar a un niño cuya escuela o guardería se cerró en respuesta a COVID-19.
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