El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, se unió el martes al padre de un estudiante universitario que murió por envenenamiento con fentanilo, y con un oficial de la ley federal, para pedir a la legislatura estatal que apruebe leyes que exijan advertencias a los proveedores de drogas de que podrían enfrentar cargos de asesinato si lo que venden mata a alguien.
“Queremos decirles a nuestros legisladores, al gobernador, que nos ayuden”, dijo Hestrin. “Ayudar a la gente de nuestro estado. Aprobar las leyes que nos den las herramientas para proteger a nuestros ciudadanos. Es tan simple como eso”.
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Hestrin, el fundador de DrugInducedHomicide.org, Matt Capelouto, de Temecula, y el agente especial de la Administración de Control de Drogas, Bill Bodner, realizaron una conferencia de prensa en la sede del fiscal de distrito en el centro de Riverside para apelar a la Legislatura para que considere el proyecto de ley 44 del Senado, escrito por el senador demócrata por Anaheim, Tom Umberg, y el proyecto de ley del Senado 13, redactado por la Senadora republicana por Beaumont, Rosilicie Ochoa Bogh, que son casi idénticas.
Las propuestas exigirían avisos a los traficantes de drogas, afirmando que entienden que, al ser condenados por traficar con sustancias controladas, podrían ser procesados por asesinato en segundo grado si los productos que distribuyen en el futuro causan la muerte de una persona.
El aviso estaría a la par con las advertencias de Watson de que las personas condenadas por conducir bajo la influencia deben firmar al ser condenadas por un DUI.
“No hay leyes vigentes que garanticen que los distribuidores rindan cuentas. No existen (en California)”, dijo Capelouto. “(SB 13 y SB 44) salvarán vidas en nuestro estado y en nuestras comunidades”.
La SB 13 se conoce como “Ley de Alexandra”, en memoria de la hija de Capelouto. Este y el SB 44 están siendo revisados por el Comité Senatorial de Seguridad Pública.
“El comité tiene la oportunidad de salvar vidas”, dijo Capelouto. “Pueden liderar el camino y dar un paso hacia la protección de miles de californianos. Si no, morirán más, sin responsabilidad por parte de la persona que los mató. Eso no es aceptable para mí y no debería ser aceptable para ningún californiano que se preocupe por la seguridad de nuestra comunidad”.
Bodner dijo que la DEA ha investigado casos "donde un solo traficante de drogas envenenó o mató a múltiples víctimas en el lapso de un par de días".
“La DEA continuará trabajando con las agencias policiales locales para garantizar que los que perdieron la vida por el fentanilo tengan voz”, dijo.
Los proyectos de ley ahora ante la Legislatura tienen fuertes similitudes con las propuestas presentadas al menos dos veces por la exsenadora republicana por Lake Elsinore, Melissa Meléndez, en 2021 y 2022. Su legislación también se denominó “Ley de Alexandra” y contó con el apoyo de múltiples abogados en todo el estado.
Las propuestas nunca llegaron al pleno del Senado debido a la falta de respaldo de los legisladores demócratas, que tienen grandes mayorías en la Asamblea y el Senado.
“Hay una fuerte oposición en la Legislatura de California a cualquier ley que castigue a los infractores”, dijo Hestrin.
“Y ese es el mundo en el que vivimos aquí en California. Hay un fuerte esfuerzo de 'desencarcelamiento' y una ideología flotando en Sacramento que dice que castigar a los delincuentes que lastiman a nuestros ciudadanos está mal, o que de alguna manera es dañino para la sociedad. Y es una tontería, y eso es lo que estamos luchando”.
La oficina del fiscal del distrito ha presentado denuncias de asesinato en segundo grado en 20 casos de envenenamiento por fentanilo desde febrero de 2021, según Hestrin. Las presentaciones serían menos engorrosas en el futuro con una ley estatal en los libros que exigen consejos similares a los de Watson, dijo.
Hestrin también señaló que los datos agregados recientemente indican que casi 500 personas en el condado de Riverside murieron por envenenamiento con fentanilo en 2022. Eso se compara con poco menos de 400 en 2021, un aumento de 200 veces desde 2016, cuando solo se documentaron dos de esas muertes.
El hombre que vendió las pastillas con fentanilo que mataron a la hija de 20 años de Capelouto en diciembre de 2019, Brandon Michael McDowell, de 24 años, de Riverside, fue sentenciado el lunes a nueve años en una prisión federal tras declararse culpable de posesión con intención de distribuir fentanilo.
“El narcotraficante responsable de engañar a mi hija hasta la muerte al venderle una pastilla de oxicodona falsificada enfrentaba 20 años tras las rejas”, dijo Capelouto. “El juez de distrito Jesús Bernal de Estados Unidos creía que el acusado no estaba completamente consciente de los peligros de la droga que estaba vendiendo. La evidencia mostró claramente lo contrario. Estábamos decepcionados con la sentencia, pero aún así agradecidos”.
“La mayoría de las familias que han perdido o perderán a seres queridos por homicidio inducido por drogas no reciben justicia”, dijo.
“La realidad es que el estado no cuenta con las leyes adecuadas para impedir que los traficantes de drogas vendan fentanilo a nuestras familias, amigos y vecinos. Somos una familia que perdió a una hija, y ahora hay un dolor que soportaremos por el resto de nuestras vidas. Estamos inspirados para seguir luchando por la justicia, la responsabilidad y la seguridad de todos los californianos y estadounidenses”.
El fentanilo, un opioide sintético, se fabrica en laboratorios en el extranjero y, según la DEA, los cárteles lo pasan de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Es entre 80 y 100 veces más potente que la morfina y se puede mezclar con cualquier cantidad de narcóticos callejeros y medicamentos recetados, sin que el usuario sepa lo que está consumiendo. La ingestión de sólo dos miligramos puede ser fatal.
En su legislación, Bogh incluyó datos del estado que muestran que, en 2021, 5,722 de los 10,416 californianos que murieron por una sobredosis de drogas murieron por envenenamiento con fentanilo.
