Los Ángeles

Propietarios demandan a Los Ángeles por prohibir desalojos y aumento de renta

Actualmente la ciudad no permite desalojar a inquilinos que han sido afectados financieramente por la pandemia.

NBC Connecticut

Una asociación de propietarios entabló una demanda contra la ciudad de Los Ángeles el jueves, alegando que la prohibición de desalojos y el aumento de la renta debido al COVID-19 son violan los derechos de los propietarios de apartamentos y la Constitución de Estados Unidos y California.

La Asociación de Apartamentos “The Greater Los Angeles” argumenta que sus miembros simpatizan con los inquilinos que han sufrido dificultades por la pandemia, pero que la ordenanza permite a los inquilinos que realmente tienen la capacidad de pagar todo o parte de su renta, ignorar sus obligaciones contractuales, según la denuncia presentada en el tribunal federal.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.

Los demandantes buscan una orden judicial que invalide la prohibición de desalojo y la congelación de la renta.

La prohibición de desalojo “no se pensó muy bien y  probablemente podría exponer a la ciudad a cientos de millones de dólares en responsabilidad [si no es que más] a los propietarios'', alegó Earle Vaughan, presidente concejal de AAGLA.

“Si bien las agencias públicas se sienten obligadas a `hacer algo para ayudar’ en tiempos de crisis, las acciones urgentes de la ciudad no están bien pensadas y están causando mucho más daño”, agregó.

Actualmente, los propietarios no pueden desalojar a los inquilinos que han sido afectados financieramente por la pandemia, según las reglas de la ciudad.

Los inquilinos tienen un año después de que se venza el estado de emergencia para pagar su renta.

La ciudad también ha aprobado una medida que permite a los  inquilinos demandar a sus propietarios si violan las órdenes  contra el desalojo.

El mes pasado, la ciudad puso un alto a los aumentos de renta para las unidades protegidas por la ordenanza de estabilización de alquileres de la ciudad por un año para ayudar a los inquilinos durante la pandemia de COVID-19.

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