El Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles presentó el viernes su propuesta de plan para trasladar a los detenidos del centro de detención juvenil Los Padrinos en Downey, que los reguladores estatales han declarado inadecuado para albergar a jóvenes.
El plan, cuyo objetivo es reducir la población de Los Padrinos en más de 100 personas, describe un "enfoque coordinado" para reducir el número de jóvenes detenidos, a la vez que se mejoran los resultados y se mantiene la seguridad pública, según el departamento.
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MIRA AQUÍ GRATIS "Este es un paso responsable y reflexivo que refleja nuestro compromiso con el cumplimiento de las normas judiciales, la reforma operativa y la rehabilitación juvenil", declaró el director de libertad condicional, Guillermo Viera Rosa, en un comunicado.
Si bien este no es un plan definitivo, representa una base sólida para realinear a los jóvenes con los programas y servicios adecuados, y hacerlo de manera que genere mejoras duraderas en todo el sistema.
El plan se presentó ante el juez Michael Espinoza del Tribunal Superior de Los Ángeles, de conformidad con su orden judicial de abril. El centro alberga a unos 300 jóvenes detenidos cuyos casos penales aún están pendientes en los tribunales.
Una vez aprobado, el plan se implementará por fases durante un período de 30 días, en coordinación con la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias de California (BSCC), que debe revisar los centros juveniles para garantizar que cumplan con los estándares estatales, junto con los Servicios de Salud del Tribunal de Menores, las oficinas de Educación, Salud Pública, Salud Mental del condado y otros colaboradores, informaron las autoridades.
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SUSCRÍBETE El plan existente se basa con el Departamento de Libertad Condicional e incluye disposiciones para mejorar la atención de la salud mental, programas con perspectiva de género y la ubicación individualizada para jóvenes con necesidades especiales, indicó el departamento.
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El departamento afirmó que se notificará a los jóvenes, las familias y las partes interesadas con antelación sobre cualquier traslado, y que un cronograma de comunicación integral, que incluye reuniones virtuales, actualizaciones por correo electrónico y preguntas frecuentes a nivel de centro, garantizará el apoyo de las familias durante la transición.
El departamento indicó que también continuará trabajando con el tribunal y los socios del condado para evaluar oportunidades adicionales de liberación de manera coherente con la seguridad pública, así como alternativas comunitarias y programas de desvío.
En diciembre, la BSCC declaró que Los Padrinos no era apto para albergar a jóvenes detenidos, alegando diversos problemas, en particular la falta de personal. Sin embargo, el condado, al carecer de una alternativa viable para albergar a los detenidos, ha continuado operando el centro a pesar de la orden estatal.
El Departamento de Libertad Condicional ha apelado repetidamente a la BSCC para que levante la decisión de inadecuación de Los Padrinos, insistiendo en que se han realizado mejoras. Sin embargo, los reguladores estatales se han negado a ceder.
El centro de detención juvenil ha estado plagado de problemas administrativos y operativos desde su reapertura apresurada en 2023 para albergar a detenidos reubicados del Centro de Detención Juvenil Central en Boyle Heights y el Centro de Detención Juvenil Barry J. Nidorf en Sylmar, ambos con cierre ordenado por el estado.
Sin embargo, tras una exitosa operación de reubicación, Los Padrinos ha sufrido escasez de personal, acusaciones de violencia entre detenidos, a veces mientras los agentes de libertad condicional presuntamente se mantenían impasibles, e intentos de fuga.
El último problema del centro se produjo en marzo, cuando 30 agentes de libertad condicional del condado fueron acusados penalmente a raíz de una investigación que descubrió presuntos casos de violencia entre jóvenes en el centro. La fiscalía afirmó que los agentes de libertad condicional organizaban "luchas de gladiadores" entre los detenidos.
Según el fiscal general del estado, Rob Bonta, entre julio y diciembre de 2023 se permitieron 69 peleas entre jóvenes alojados en el centro.
