Una madre de familia con residencia legal enfrentaba la deportación inminente por problemas con la justicia hace más de 15 años. Sin embargo, recobró su libertad.
Rebecca Méndez estuvo en el Centro de Detención de Adelanto por 19 días después de que las autoridades de inmigración la fueron a buscar a su lugar de trabajo. De acuerdo con las autoridades, la mujer tenía múltiples condenas y una orden de arresto que supuestamente se había resuelto en 2008.
Un abogado criminalista logró reducir el delito y un juez de inmigración la dejó libre tras pagar una fianza. El mismo juez le recomendó que hiciera la solicitud para la ciudadanía pero Méndez tendrá que consultar primero con un juez de inmigración.
“Sé que ella ha cometido errores en el pasado, pero ella merece estar aquí. Ha luchado mucho”, dijo su hija Isela Aguilar.
Méndez aprendió que las autoridades de inmigración pueden suspender una residencia permanente debido a un pasado criminal. En el caso de ella, la había renovado dos veces pero eso no era garantía que estuviera a un paso de la deportación.
“No es permanente. Tiene que hacerse ciudadano”, dice Aguilar.
