LOS ÁNGELES (California) - La Casa Blanca prometió apelar la decisión de un juez que bloquea temporalmente la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en materia migratoria y que dio a una coalición de 26 estados tiempo para presentar una demanda para detener definitivamente esas órdenes.
La decisión de un juez federal en Texas anunciada el lunes por la noche suspende las acciones ejecutivas de Obama que podrían evitar la deportación de unos cinco millones de personas que residen en Estados Unidos sin autorización. En respuesta el Departamento de Seguridad Nacional dijo que detendrá los preparativos para un programa que protegería a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes hasta nuevo aviso.
Hanen escribió en un memorando que acompaña su fallo que la demanda debe seguir adelante y que sin un interdicto los estados "sufrirían daño irreparable en este caso".
"Es imposible devolver el genio a la lámpara", escribió, añadiendo que concuerda con el argumento de los demandantes de que legalizar el estatus de millones de personas es una acción "virtualmente irreversible".
La Casa Blanca defendió su política en un comunicado emitido a primera hora del martes diciendo que las órdenes ejecutivas presentadas en noviembre estaban dentro de la autoridad legal del presidente, y que la Corte Suprema y el Congreso han dicho que los funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de leyes migratorias.
El gobierno informó que el Departamento de Justicia presentará la apelación que deberá resolverse en el quinto circuito de apelaciones con sede en New Orleans.
El secretario de Justicia Eric Holder dijo que se revisaba la sentencia del juez y confió en que el asunto sea resuelto por una corte superior, posiblemente la Corte Suprema federal.
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"Debemos ver esto como lo que es: la decisión de un juez de un tribunal federal", dijo Holder.
La primera de las medidas de Obama -ampliar un programa que protege a jóvenes inmigrantes de la deportación si llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños- iba a entrar en vigor el miércoles. La mayor parte de la orden presidencial, que amplía esa protección a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país, no comenzará a aplicarse sino hasta el 19 de mayo.
Joaquín Guerra, director político de Texas Organization Project calificó el fallo de "revés temporal".
"Seguiremos preparando a los inmigrantes para solicitar la ayuda administrativa", dijo en un comunicado.
La coalición de los estados, liderada por Texas y formada en su mayoría por los estados conservadores del sur y del centro norte, alega que Obama violó la "Take Care Clause" de la Constitución de Estados Unidos que, sostienen, limita el ámbito de acción de los poderes presidenciales. También dicen que la iniciativa de la Casa Blanca obligará a aumentar la inversión en seguridad, atención sanitaria y educación.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner dijo que la decisión del lunes no fue sorpresiva y subraya que Obama actuó más allá de sus facultades. El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConell hizo eco de estos señalamientos y agregó que Obama ha reconocido "que no tiene autoridad para tomar el tipo de medidas a las que alguna vez se refirió como `ignorar la ley' e `insensata e injusta'".
Republicanos en el Congreso han prometido que obstaculizarán las medidas de Obama recortando el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para ese programa.
A principios de este año, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un presupuesto de 39.700 millones de dólares para financiar el departamento hasta el final del año fiscal, pero incluyó lenguaje para deshacer las acciones ejecutivas de Obama. El destino de la norma aprobada por la cámara baja no está claro, ya que los republicanos del Senado están a seis votos de tener la mayoría de 60 necesaria para aprobar la mayoría de las normas.
Entre los partidarios de la iniciativa de Obama hay un grupo de 12 estados, en su mayoría liberales, que incluye a Washington y California, así como el Distrito de Columbia. Presentaron una moción ante Hanen para apoyar a Obama, argumentando que sus directivas beneficiarán sustancialmente a los estados y al interés público.
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