El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles votó este martes por unanimidad para prohibir temporalmente a las empresas privadas establecer u operar centros de detención de inmigrantes o instalaciones similares dentro de la ciudad.
El presidente del Consejo de la Ciudad, Nury Martínez, quien defendió la propuesta, criticó al gobierno federal y a los operadores de centros de detención, diciendo que la práctica de separar a los niños inmigrantes de sus padres cuando cruzan la frontera los ha “asustado de por vida”.
La prohibición temporal también se aplica a los llamados “refugios” para menores inmigrantes no acompañados, como uno propuesto por la empresa VisionQuest en Arleta, una comunidad predominantemente latina.
Durante la reunión del consejo, Martínez dijo que muchas organizaciones comunitarias locales respaldan la prohibición temporal.
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“El hecho de que tengas a menores en un lugar así, en mi opinión, (ellos) son simplemente cárceles para niños”, dijo. “Sabemos que han causado miseria y dolor a innumerables personas. Lo que deberíamos estar haciendo en lugar de separar a las familias en la frontera es reunirlas, y simplemente no queremos este tipo de centro de detención en nuestros vecindarios”.
Un representante de VisionQuest cuestionó las afirmaciones del presidente del consejo en un comunicado al Servicio de Noticias de la Ciudad la semana pasada, diciendo que la compañía “no opera centros de detención, ni tenemos contratos para operarlos”.
“VisionQuest está buscando establecer un refugio para migrantes para proporcionar ropa, comida, educación, atención médica y vivienda para menores no acompañados”, dijo el portavoz de la compañía Jeff Bender.
Inmigración
“Nuestro objetivo es reunirlos con miembros de la familia o una familia de acogida dentro de los 90 días posteriores a la llegada al refugio para llegar a un entorno de vida estable. Una vez más, no estamos asociados con centros de detención. El Congreso aprobó la financiación para proporcionar estos servicios a los refugios de migrantes, y estamos buscando hacer exactamente eso”.
VisionQuest obtuvo $25 millones en contratos del gobierno federal el año pasado para operar instalaciones de inmigrantes en Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Martínez dijo que una propuesta para prohibir permanentemente los centros de detención de inmigrantes también se está desarrollando para consideración del consejo.
La prohibición temporal durará 45 días, y el consejo tendrá la opción de extenderla inicialmente por 10 meses y luego otro año después.
Debido a que se marcó como una ordenanza urgente, entró en vigor de inmediato.
El concejal Herb Wesson también habló a favor de la prohibición.
“No en Los Ángeles, ni en una de las ciudades más diversas, si no las más diversas, en este país nos sentaremos de brazos cruzados y dejaremos que esto suceda”, dijo Wesson la semana pasada. “Me sorprende que cualquier compañía quiera hacer esto, sabiendo que nuestro Departamento de Planificación está trabajando en una ordenanza permanente para asegurarse de que esto no ocurra”.
El consejo votó el año pasado para crear una ordenanza que prohibiría la construcción y operación de instalaciones privadas de detención en Los Ángeles, pero la nueva versión incluye todo tipo de instalaciones de detención de inmigrantes.
VisionQuest generalmente opera viviendas y servicios para jóvenes que han sido asignados a la empresa por un juez o servicios de acogida.
Martínez presentó una moción en noviembre para buscar información del Departamento de Planificación de la ciudad y la Oficina del Fiscal de la Ciudad sobre la ubicación propuesta de Arleta y la zonificación del sitio en un esfuerzo por determinar si el área es adecuada para el proyecto.
El 6 de enero, un grupo de manifestantes y varios funcionarios locales elegidos participaron en un mitin en el sitio propuesto en 9120 de la Avenida Woodman. El edificio vacante de dos pisos era anteriormente una residencia para personas mayores, según Martínez.
El gobernador Gavin Newsom firmó un proyecto de ley, AB 32, en octubre que prohíbe el establecimiento de centros de detención privados para operar en el estado.
