El Concejo Municipal aprobó el miércoles una extensión de seis meses entre el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y Metro para los servicios de vigilancia del tránsito que se brindaron durante la segunda mitad de 2022, incluido un aumento de $54 millones en el presupuesto del contrato.
El financiamiento es para los servicios que ya brindó LAPD el año pasado, pero el tema provocó una larga discusión en la cámara ya que varios miembros del consejo pidieron alternativas a tener policía en Metro a pesar de una votación de 10-2 para aprobar el contrato.
Los concejales Eunisses Hernandez y Hugo Soto-Martinez discreparon.
Metro experimentó un aumento en la delincuencia en 2022, según los datos presentados en la reunión de la Junta Directiva de Metro de la semana pasada. La cantidad de delitos graves aumentó un 24 % en 2022 en comparación con 2021.
La cantidad de informes de narcóticos también casi se duplicó en 2022 en comparación con el año anterior, con 1385 incidentes citados por la aplicación Transit Watch.
El aumento en el uso de drogas en Metro ha afectado la experiencia de los pasajeros y la seguridad de los empleados, según el comité de operaciones, seguridad y experiencia del cliente de la agencia.
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El consejo aprobó el contrato en medio de críticas al modelo policial actual y algunos opositores utilizaron el artículo como una oportunidad para expresar su descontento.
La concejal Nithya Raman dijo que no quería que la ciudad estuviera en apuros por los $54 millones si no se aprobaba el contrato, pero señaló que lo que buscan los pasajeros de Metro es "algo que se ve muy diferente de lo que estamos haciendo hoy.''
“No creo que la solución sea tomar nuestra respuesta policial actual y seguir replicándola, y expandiéndola una y otra vez para siempre”, dijo Raman. “Pero tampoco es eliminar esa respuesta y reemplazarla con nada y decir: 'Vamos a desarrollar el sistema más tarde'. Tenemos que mirar directamente a los problemas que enfrentamos”.
El concejal Bob Blumenfield, presidente del comité de presupuesto del concejo, dijo que la ciudad no podría usar los fondos para inversiones alternativas porque es un contrato. Agregó que la ciudad tiene más influencia si LAPD está vigilando el Metro en lugar de otra agencia de aplicación de la ley como el departamento del alguacil.
Hernández calificó el contrato como un “uso inapropiado del dinero de los contribuyentes”, y pidió en cambio más financiamiento para otras estrategias para abordar el uso de drogas en Metro.
“Todos los angelinos merecen un sistema de transporte público que les permita viajar de manera segura y eficiente por toda nuestra ciudad”, dijo Hernández. “Este dinero se gastaría mucho mejor en sistemas de apoyo que afirman la vida y que realmente hacen el trabajo de crear sistemas de atención para los pasajeros del transporte público, incluidos los equipos de extensión de servicios sociales”.
La concejal Traci Park defendió los fondos como necesarios para mantener “alguna presencia policial que pueda responder en tiempo real a incidentes muy graves” y dijo que las alternativas sugeridas “no pueden ser a expensas de la seguridad pública”.
“Personalmente, no me voy a quedar de brazos cruzados mientras se victimiza a la gente”, dijo Park.
Soto-Martínez dijo que esperaba que el artículo inicie una discusión sobre la revisión de la seguridad pública en Metro.
“Queremos sentirnos seguros”, dijo Soto-Martínez. “Queremos que la gente use el transporte público. Pero el dinero podría usarse de maneras mucho, mucho mejores”.