
Una clínica de salud de Los Ángeles dice que está perdiendo fondos federales como resultado de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump dirigidas a las personas transgénero.
St. John's Community Health, uno de los proveedores de atención gratuita y de costo reducido más grandes de Los Ángeles, informó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) cancelaron el viernes una subvención de $1.6 millones que se suponía que apoyaría su programa de servicios sociales y de salud para personas transgénero.
St. John's es el primer proveedor de salud de California que informa públicamente sobre los impactos en los servicios como resultado de las acciones del gobierno de Trump. Según una carta de los CDC, la subvención se canceló para cumplir con una orden ejecutiva que exige que las agencias federales solo reconozcan dos géneros.
"En St. John's creemos que todos tienen el derecho humano fundamental a la atención médica. Se puede estar en desacuerdo con la ideología de género y con la forma en que las personas pueden elegir vivir sus vidas, pero eso no te da derecho a quitarles el acceso a la atención médica", dijo Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de St. John’s Community Health.
La subvención, que comenzó en 2022, se financió a través del programa de prevención del VIH de los CDC. Permitió a St. John's operar un programa para adultos transgénero que incluía pruebas de infecciones de transmisión sexual y VIH, educación sanitaria y conexiones con servicios sociales que incluían vivienda, tratamiento por consumo de sustancias y cupones de alimentos, indicó Mangia. Más de 500 personas recibieron servicios a través de la subvención anualmente.
La semana pasada, junto con miles de clínicas en todo el país, St. John's experimentó una breve suspensión en su acceso a más de $18 millones en fondos federales como resultado de una orden ejecutiva separada y un memorando presupuestario interno que intentó congelar ampliamente la ayuda federal.
Dos jueces independientes bloquearon temporalmente esa orden, pero esas decisiones no se aplican a la orden ejecutiva que ahora impide que St. John's acceda a su dinero de subvención para pacientes transgénero, según Mangia.
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St. John's no recortará los servicios y está preparado para presentar una demanda por la continua retención de dinero federal, agregó.
"Creemos que estas subvenciones fueron asignadas por el Congreso y están protegidas constitucionalmente. Buscaremos todas las vías disponibles para mantener estos programas financiados", aseguró Mangia.
Varias de las órdenes ejecutivas de Trump en las últimas dos semanas han estado dirigidas a las personas transgénero, incluyendo intentos de prohibirles el servicio militar y evitar que las escuelas reconozcan los pronombres o cuando un estudiante hace la transición.
La semana pasada, Trump emitió otra orden ejecutiva que prohíbe la financiación federal para servicios de salud para menores transgénero, incluyendo la terapia hormonal y los procedimientos quirúrgicos. La orden mencionó específicamente las subvenciones federales de investigación otorgadas a hospitales y escuelas de medicina, así como la financiación de Medicare y Medicaid.
En ese orden y en otros, Trump describe la atención de afirmación de género como "esterilizante" y "mutiladora", caracterizaciones que se oponen directamente a la evidencia clínica respaldada por importantes organizaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, todas las cuales se oponen a la interferencia del gobierno en las decisiones médico-paciente.
Según informes de prensa, hospitales de todo el país ya están dejando de ofrecer servicios de afirmación de género a jóvenes, incluidos los principales centros médicos de Nueva York, Denver y Washington, D.C., algo que Trump elogió en una declaración como su "efecto deseado".
Las organizaciones de todo el estado que brindan servicios sociales y de salud a personas transgénero están preocupadas por su financiación, dijo Jorge Reyes Salinas, director de comunicaciones de Equality California, el grupo de defensa de los derechos civiles y LGBTQ más grande del estado.
"Estas acciones del gobierno de Trump podrían negar a las personas trans el derecho a la atención médica necesaria y poner en riesgo su vivienda y empleo, profundizando las disparidades económicas y de salud preexistentes y alimentando aún más la discriminación", expresó Salinas en un comunicado.
Al menos 24 organizaciones en California han recibido fondos federales durante los últimos cinco años para programas o investigaciones de salud para personas transgénero, según datos federales sobre subvenciones distribuidas por los CDC y los Institutos Nacionales de Salud.
Los grupos LGBTQ de California y los principales funcionarios demócratas se apresuraron a condenar las medidas la semana pasada y aseguraron a los residentes del estado que las leyes estatales que protegen los derechos y servicios de las personas transgénero siguen vigentes.
"Las familias de California que buscan atención que reafirme su género, y los médicos y el personal que la brindan, están protegidos por leyes estatales como la Ley de Atención Inclusiva para Personas Transgénero, de Género Diverso e Intersexuales (TGI). La orden del presidente no cambia eso", dijo el fiscal general Rob Bonta en un comunicado.
La ley estatal exige que las aseguradoras reguladas por el estado cubran la atención médicamente necesaria que reafirme el género, incluidos los servicios de salud mental. Brinda protección a las licencias de los médicos que tratan a pacientes transgénero e incluye amplias protecciones contra la discriminación.
Aun así, las órdenes de Trump han sembrado confusión entre los proveedores que dudan en infringir la ley o perder dinero vital.
"Algunos proveedores médicos están empezando a cancelar de manera preventiva las citas con jóvenes transgénero porque tienen miedo de perder su licencia o financiación", señaló Dannie Ceseña, director de la Red de Salud y Servicios Humanos LGBTQ de California. "Lo estoy escuchando en todo el estado de parte de una variedad de socios", agregó.
Ceseña dijo que este tipo de cancelaciones son "incompatibles con la ley de California" y que las familias deberían comunicarse con la oficina del fiscal general si las experimentan.
Esta historia fue publicada originalmente por CalMatters y distribuida a través de una asociación con The Associated Press.