Un juez federal dio el martes su aprobación final al acuerdo propuesto por Los Ángeles con la Alianza por los Derechos Humanos de Los Ángeles en el que la ciudad gastará hasta $3 mil millones para desarrollar hasta 16,000 camas o unidades de vivienda para miembros sin enfermedades mentales de la población sin hogar.
El juez federal de distrito, David Carter, escribió que las partes han solicitado que el tribunal conserve la jurisdicción para hacer cumplir los términos del acuerdo de conciliación durante un período de cinco años. El pacto es “justo, razonable y adecuado”, dijo.
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“El acuerdo ante la corte no se logró apresuradamente, fue el resultado de largas y deliberadas negociaciones de buena fe”, escribió el juez.
Carter dijo que el acuerdo “crea una estructura y un mecanismo de cumplimiento para que la ciudad cree una cantidad sustancial de camas nuevas para las personas sin hogar. Si bien este acuerdo no es una solución para la falta de vivienda, es un paso concreto para mejorar la vida de nuestros vecinos que actualmente sufren en las calles”.
El Concejo Municipal de Los Ángeles votó 12-3 el mes pasado para aprobar el acuerdo.
Carter está supervisando la demanda de marzo de 2020 en la que Alianza por los Derechos Humanos de Los Ángeles, una coalición de propietarios de negocios del centro de la ciudad y residentes protegidos y no protegidos, acusa a la ciudad y al condado de Los Ángeles de no hacer su parte para abordar la crisis de personas sin hogar.
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El coacusado del condado de Los Ángeles no participó en el acuerdo y ha programado sesiones de mediación a puertas cerradas en un esfuerzo por resolver su parte de la demanda.
Carter dijo en una audiencia la semana pasada que en los dos años que el caso ha estado pendiente, ha visto esfuerzos de las partes para abordar el problema de las personas sin hogar no solo en el área de Skid Row sino en toda la ciudad y el condado.
Ahora hay “un esfuerzo cada vez mayor para sacar a miles, no cientos, de las calles”, dijo Carter.
Si bien el acuerdo no incluye al condado de Los Ángeles, los funcionarios de la ciudad dijeron que el condado debe ser responsable de brindar servicios y vivienda a las personas sin hogar con enfermedades mentales graves, problemas de uso de sustancias o enfermedades físicas crónicas.
Según el recuento de personas sin hogar más reciente, realizado antes de la pandemia en 2020, la población de indigentes en todo el condado era de 66,433, un aumento de casi el 13 % con respecto al año anterior. La población sin hogar de Los Ángeles fue de 36,165, un 14% más que el año anterior.
Skip Miller, abogado externo del condado, ha dicho que el condado “es más que hacer su trabajo y hacer todo lo posible para abordar la falta de vivienda sin estigmatizarla como un delito. Cualquier afirmación de que el condado ha fallado en esta obligación es completamente infundada”.
Shayla Myers, de la Fundación de Ayuda Legal de Los Ángeles, una coadyuvante en el caso, se opuso recientemente al acuerdo propuesto y dijo que el verdadero objetivo de la ciudad era hacer cumplir las leyes contra los campamentos para obligar a los desamparados a salir de las calles.
