Varias organizaciones, incluida la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), acusaron públicamente al condado de Riverside de malversar más de $3 millones de su parte de los fondos federales de ayuda para el coronavirus.
ACLU, Riverside All of Us or None, y Starting Over Inc., presentaron quejas el viernes ante funcionarios federales alegando que el Departamento del Alguacil del Condado de Riverside planea comprar muebles nuevos, un sistema mejorado de tarjeta de acceso o cámara de video y ventanas a prueba de balas usando los fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES).
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“Los fondos de la Ley CARES están destinados a apoyar a los miembros de la comunidad que luchan con los impactos económicos y de salud de la pandemia '', dijo Adrienna Wong, abogada senior de la ACLU. “Redirigir esos fondos para rellenar los presupuestos de las fuerzas del orden obstaculiza los esfuerzos de recuperación, ignora el sufrimiento en nuestras comunidades y, en este caso, viola la ley”.
La Junta de Supervisores del Condado de Riverside aprobó los gastos en una reunión reciente, aunque los suministros aún no se han comprado.
Las organizaciones exigen que el dinero se redistribuya a servicios y programas específicamente relacionados con la pandemia.
Según ACLU, el departamento del alguacil planea usar $2.7 millones para muebles, $1.3 millones para actualizar sistemas de cámaras de video o tarjeta clave y $660,000 para ventanas de oficinas a prueba de balas.
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Se supone que los fondos de la Ley CARES solo deben usarse para gastos relacionados con COVID-19, según la ACLU.
Las quejas se enviaron a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al Inspector General Especial para la Recuperación ante una Pandemia y al Comité de Responsabilidad de Respuesta a una Pandemia. La Ley CARES asigna a estas oficinas la responsabilidad de supervisar para evitar el mal uso de los fondos.
