La oficina forense del condado de Los Ángeles investigará esta semana sobre los tiroteos fatales de tres hombres a manos de los oficiales del alguacil en 2020.
Desde el miércoles por la mañana y en días posteriores se investigará sobre los sucesos que llevaron a las muertes de Dana “Malik” Young Jr., de 47 años; Samuel Herrera Jr., de 41 años y Dijon Kizzee, de 29 años. .
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Las audiencias serán conducidas por Candace Cooper, juez jubilada del Tribunal de Apelaciones de California.
El 28 de septiembre, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó para instruir por unanimidad al forense del condado que llevara a cabo investigaciones sobre los tiroteos fatales de los tres hombres en 2020.
La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, dijo que el sentido de la investigación es asegurar que se haga de manera adecuada y se les ofrezca a las familias, de los hombres asesinados, una idea más clara de lo que sucedió.
“No sabemos qué pasó durante el transcurso de estas investigaciones y cómo se llevaron a cabo”, dijo Mitchell.
“A la oficina del inspector general no se le permitió monitorear cada paso ... por lo que persisten las preocupaciones sobre su integridad, dada la falta de una supervisión verdadera, completa e independiente”, señaló Mitchell.
“Tiene que haber, como mínimo, una revisión de la evidencia en estos casos, que se pueden proporcionar a través de una investigación”, dijo.
El forense del condado, Jonathan Lucas, dictaminó que cada muerte es un homicidio y en los tres casos se debió a heridas de bala.
Lucas, le dijo a la comisión de supervisión civil, en enero, que las indagatorias son una investigación sobre las circunstancias, la forma y la causa de la muerte y no están destinadas a resolver problemas legales.
“No es un juicio, no es un proceso contradictorio, no hay culpabilidad o inocencia que surge de una investigación ... no es una búsqueda para encontrar todas las circunstancias '', dijo el forense en ese momento.
DISCUSIONES ENTRE FISCALES Y EL ALGUACIL
La oficina del fiscal de distrito tiene los tres casos bajo revisión para determinar si los disparos corresponden a un uso legal de la fuerza, según un portavoz del fiscal del distrito.
El alguacil Alex Villanueva acusó a Mitchell y Solís de engañar al público “tratando de vender la idea de que los hombres fueron injustamente asesinados por los oficiales del alguacil”, como parte de un ataque político.
Mitchell respondió: “Creo que nuestros residentes merecen escuchar más que insultos”, mientras que Solís y otros miembros de la junta dijeron que desearían no tener que trabajar con el alguacil.
Después de la orden del 28 de septiembre de la junta de supervisores para las investigaciones, Villanueva publicó un comunicado en Twitter, diciendo que el informe forense oficial, los resúmenes de incidentes y los nombres de los agentes involucrados se habían publicado públicamente por un tiempo en lasd.org, junto con imágenes del video relacionados el tiroteo de Kizzee.
El alguacil dijo que las investigaciones equivaldrían a un “buen teatro político”, pero resultaría ser una pérdida de dinero de los contribuyentes y no proporcionaría ni una pizca de información nueva.
“Adicionalmente, estas acciones pueden servir para poner en peligro a cualquier caso criminal que podría ser determinado por la división de integridad del sistema de justicia de la oficina del fiscal de distrito”, advirtió el alguacil.
En cambio, instó a la junta a centrarse en por qué en algunos casos la oficina del fiscal de distrito necesita años para pronunciarse sobre el uso de la fuerza, diciendo que anteriormente había pedido al fiscal de distrito que emitiera una opinión dentro de los 90 días posteriores a la presentación de cualquier caso.
Antes de los comentarios del alguacil, la supervisora Kathryn Barger dijo que cree que el alguacil socava su propio departamento al pintar una imagen de que la junta está en contra de la aplicación de la ley.
“No lo somos. Queremos responsabilidad (en todos departamentos). La rendición de cuentas es vital en la confianza pública”, dijo Barger.
Barger señaló los comentarios de un primo de Kizzee, quien gritó a la junta durante el comentario público, diciendo que su familia merecía saber por qué su primo recibió 16 disparos. Si el tiroteo estaba justificado, el alguacil debería estar dispuesto a cooperar.
“Para mí, la frustración es, si no hay nada ahí, ¿qué estás temiendo? Simplemente estamos tratando de llegar al fondo para la tranquilidad de las familias”.
Algunos miembros de la comisión de supervisión civil, un grupo de vigilancia encargado de supervisar el departamento del alguacil, han presionado para que se lleven a cabo investigaciones en todos los tiroteos de agentes fatales.
La comisionada del COC, Priscilla Ocen, dijo en enero que era importante para que la gente viera que el condado está tomando las investigaciones en serio.
Antes de las investigaciones del forense sobre la muerte de Andrés Guardado Pineda y Fred Williams III, dirigido por Cooper, los abogados del condado habían expresado su esperanza de que los oficiales testificaran públicamente para obtener más luz sobre lo sucedido.
En ambos casos, sin embargo, los oficiales involucrados en los tiroteos fatales dijeron que, de ser interrogados, invocarían su derecho de la Quinta Enmienda a no testificar.
Cooper no los llamó posteriormente a que comparecieran. Los archivos revisados durante ambas investigaciones permanecen cerrados.
