Un juez federal dijo el jueves que considerará ordenar que todos los empleados de la prisión de California y los bomberos reclusos sean vacunados mientras el estado intenta evitar otro aumento de la infección por coronavirus impulsado por la variante delta más contagiosa.
Los esfuerzos para alentar las vacunas voluntarias entre el personal no han sido suficientes para alcanzar la tasa necesaria para evitar nuevos brotes, dijo el receptor federal J. Clark Kelso al juez federal de distrito Jon Tigar.
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A mediados de julio, el 41% de los funcionarios penitenciarios tenían al menos una dosis de una vacuna, en comparación con el 75% de los reclusos. Por el contrario, en el estado más poblado, más del 62% de los residentes de 12 años o más están completamente vacunados.
Kelso le pidió a Tigar que ordenara que no se permita la entrada a las cárceles a ningún empleado a menos que demuestren que han sido vacunados o tienen una exención religiosa o médica.
Y dijo que no se debe permitir que los reclusos trabajen fuera de las prisiones, incluso como bomberos reclusos, a menos que estén vacunados o tengan una exención. Kelso también quiere prohibir las visitas en persona a los reclusos que no están vacunados y no tienen una exención.
Tigar estuvo de acuerdo en que los esfuerzos voluntarios no han sido suficientes, aunque tenía la esperanza de que traerían mejores resultados antes de dictaminar sobre la recomendación de Kelso en las próximas semanas.
"La vacunación obligatoria no es la primera opción de la corte", dijo Tigar, pero dijo que debe estar listo para ordenarla si más esfuerzos no dan resultado.
La recomendación de Kelso se produce cuatro días después de que el gobernador Gavin Newsom ordenó a casi un cuarto de millón de empleados estatales y al menos 2 millones de trabajadores de la salud que mostraran prueba de vacunación, pero el gobernador les dio la alternativa de hacerse la prueba semanalmente.
Tigar tiene una amplia autoridad para dirigir la atención médica dentro de las prisiones de California, mientras que Kelso tiene el control operativo, pero ha estado trabajando cada vez más con los funcionarios estatales para mejorar lo que los jueces federales dictaminaron que era una atención deficiente.
Don Specter, director de Prison Law Office, una organización sin fines de lucro, en un correo electrónico dijo que la recomendación de Kelso es esencial y "la forma más efectiva de reducir las muertes, hospitalizaciones e infecciones entre la población encarcelada, el personal y la comunidad".
La Asociación de Oficiales de Paz Correccional de California, que representa a la mayoría de los guardias de prisiones, respaldó la orden de Newsom el lunes. Pero dijo en un expediente judicial que las vacunas obligatorias no son necesarias porque las tasas de infección siguen siendo extremadamente bajas y no se han agotado los medios menos intrusivos.
Los esfuerzos voluntarios, incluida la promesa de Kelso en mayo de un programa de recompensas de vacunas con premios por un total de $100,000, "no han tenido suficientes oportunidades", le dijo al juez el abogado del sindicato Gregg Adam.
Por el contrario, el presidente del sindicato más grande del estado, Service Employees International Union Local 1000, dijo que luchará contra la orden de Newsom.
Las tasas de vacunación entre los oficiales correccionales varían ampliamente, con un máximo del 61% en la prisión estatal de San Quentin. Los funcionarios penitenciarios están tratando de evitar brotes de infección como el que enfermó al 75% de los reclusos en la prisión al norte de San Francisco el verano pasado, matando a 28 reclusos y a un oficial penitenciario.
Pero solo el 16% de los oficiales fueron vacunados a mediados de mes en la prisión estatal de High Desert en el noreste rural del estado. Y menos de la mitad fueron vacunados en el Centro de Atención Médica de California en Stockton, que tiene la mayor concentración de reclusos médicamente vulnerables.
Entre los 99,000 reclusos del sistema penitenciario, 76 están infectados, todos confirmados en las últimas dos semanas.
Pero 48 de esos casos están en una sola prisión, Sierra Conservation Center, cerca de Jamestown en las estribaciones de Sierra Nevada. Ese es uno de los dos centros de capacitación para bomberos reclusos que están ayudando en varios incendios masivos en California.
Ninguna otra prisión tiene más de cuatro casos activos.
En total, ha habido al menos 49,000 infecciones por COVID-19 desde el inicio de la pandemia, y 232 presos han muerto junto con los 28 empleados.
Las condiciones del virus en todo el país y en California habían ido mejorando hasta que la variante delta altamente contagiosa echó raíces, lo que provocó que los casos y las hospitalizaciones volvieran a aumentar, particularmente entre los no vacunados.
Las vacunas protegen a la mayoría de las personas de enfermarse gravemente o morir. Pero a diferencia de las variantes anteriores, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU dicen que las personas vacunadas infectadas con la variante delta pueden transmitir ese virus a otras personas.
