Por segunda vez en menos de una semana, un juez dictaminó el lunes que una demanda presentada por una exempleada del concejal José Huizar puede seguir adelante, pero esta vez no se colocarán limitaciones en la capacidad del demandante para destituir al legislador.
Mayra Álvarez, exasesora de Huizar, alega en la demanda que presentó contra Huizar y la ciudad en octubre de 2018 en la Corte Superior de Los Ángeles, que el concejal tomó represalias contra ella por expresar preocupación por un presunto romance que estaba teniendo, y por hablar en contra de lo que ella creía eran violaciones legales y éticas.
Álvarez se desempeñó como asistente ejecutiva y programadora de Huizar durante aproximadamente tres años, pero sostiene en su demanda que se fue en julio de 2018 porque presuntamente fue degradada tras regresar de la licencia de maternidad.
El juez Richard Rico dictaminó que una investigación en curso del FBI sobre Huizar no es un motivo para suspender el caso de Álvarez, quien esta a la espera del resultado de la investigación, a pesar del argumento del concejal de que no hacerlo podría dañar su capacidad de defenderse en cualquier materia penal.
“El tribunal está de acuerdo [con Álvarez] en que las afirmaciones de Huizar en la investigación criminal y el caso civil están relacionadas y son totalmente concluyentes”, Rico escribió en su fallo.
Huizar no ha mostrado cómo la demanda de Álvarez proporcionaría pruebas incriminatorias contra el concejal, escribió Rico.
El juez dijo que su decisión es “sin prejuicios”, lo que significa que Huizar puede renovar su argumento a favor de quedarse sí hay una justificación legal para hacerlo.
Local
El jueves, la jueza Ruth Kwan emitió un fallo permitiendo que también procediera el caso de la exempleada Pauline Medina contra el concejal.
Medina entabló la demanda en 2018, alegando que Huizar comenzó una campaña para expulsarla en el 2017, después que ella le dijo al jefe de personal del concejal que su jefe (Huizar), quien estaba casado, presuntamente mantenía una relación amorosa con alguien en la oficina.
Medina también alega que Huizar utilizó fondos de la ciudad en secreto para pagar sus gastos personales.
Huizar ha negado cualquier delito.
Kwan dijo que no puede haber deposición del concejal en el caso de Medina, a diferencia de Rico, mientras la investigación del FBI estaba en curso.
Rico le dijo a los abogados que estaba al tanto de la decisión de Kwan, y agregó que asumió que Huizar se apegaría a la Quinta Enmienda, y se negaría a declarar si se le ordena presentarse a una deposición.
El abogado Terrence Jones, quien representa a las dos demandantes, informó que la orden del juez Rico le permite buscar una deposición del concejal en un futuro.
Álvarez alega que Huizar le pedía con frecuencia que alterara su calendario para así ocultar la naturaleza de sus reuniones del público, y que pidió a personal de la ciudad trabajar en la campaña de su esposa Richelle, quien abandonó su intento de reemplazar a su esposo cuando finalizara su mandato, el que expira en noviembre de 2020, dos semanas después de que el FBI realizara búsquedas en su casa y dos de las oficinas de su marido.
En documentos judiciales presentados el 20 de diciembre respondiendo a la demanda de Álvarez, abogados, tanto de Huizar como de la ciudad, dicen que además del juicio a favor de sus clientes, a ambos se les debería de otorgar los gastos de abogados de Álvarez.
En sus documentos judiciales, los abogados de Huizar afirman que su cliente niega las dos causas de acción de Álvarez relacionadas con él, el acoso laboral, y la imposición intencional de angustia emocional.
“La conducta denunciada no fue severa ni generalizada”, declararon los papeles judiciales de los abogados de Huizar.
Además, cualquier recuperación de Álvarez “se ve impedida por el hecho de que no hubo intención de lesionar a [Álvarez]'', según los papeles en el tribunal de los abogados de Huizar.
Todas las acciones tomadas por Huizar con respecto a Álvarez fueron relacionadas con negocios o decisiones de gestión de personal, y por lo tanto no son procesables'', afirman los abogados del concejal.
Álvarez alega que sufrió una reacción violenta por expresar preocupación por el romance que presuntamente Huizar tenía con otro miembro del personal, aunque nunca se identificó a la mujer involucrada.
Huizar previamente admitió un romance con una exempleada, Francine Godoy, quien lo demandó por acoso y represalias en 2013. Huizar admitió la relación, pero negó cualquier acoso.
Poco después de la presentación de la demanda de Álvarez, Huizar calificó las acusaciones de “absolutamente sin sentido”, “una tontería total” y que incluyen “acusaciones extravagantes que son completamente falsas ''.
La querella dice que Álvarez comenzó a trabajar para Huizar como pasante en 2010 cuando aún estaba en la secundaria, luego volvió a trabajar para Huizar después de la secundaria, y ascendió de rango hasta llegar a ser su asistente ejecutiva y programadora en el 2015.
Huizar se ha desempeñado en el Ayuntamiento desde 2005.
