A pesar de la moratoria que protege a los inquilinos afectados por la pandemia en atrasarse en los pagos de la renta, una familia en North Hollywood recibió sorpresivamente una orden de desalojo.
La familia que vive en el hogar desde hace cuatro años tenía hasta ayer para desocupar la vivienda, de lo contrario agentes del sheriff los pueden sacar a la fuerza. Sin embargo, aseguran no tener a donde ir y siguen ahí con el apoyo del sindicato de inquilinos.
La orden de desalojo que recibió la Betty Ordaz fue emitida por un juez de la Corte Superior de Los Ángeles el 30 de Julio.
“Imagínese dándome sólo unos 4 o 5 días para desalojar”, dijo Ordaz.
Sin embargo, la propietaria del hogar afirmó que Ordaz dejó de pagar su renta mucho antes de la pandemia.
En enero de este año la dueña de la propiedad afirmó que inició el proceso judicial de desalojo, y como muestra un record de la corte, la orden fue archivada el 24 de febrero de este año.
“Porque no fue de marzo en adelante, no me considera una protección”, dijo Ordaz.
La protección es la moratoria de desalojos que emitió la ciudad de Los Ángeles a partir del 31 de marzo para los residentes afectados por la pandemia, la cual permite atrasarse en los pagos de la renta hasta que termine la emergencia, y luego otorga 12 meses para actualizarse en los pagos.
“El caso de la señora Ordaz es antes de COVID-19”, dijo Elena Popp, abogada de Eviction Defense Network.
Según Popp, que vela por los derechos de los inquilinos, desde el jueves pasado la oficina del sheriff comenzó a entregar órdenes de desalojo pendientes de los más de 40 mil casos que fueron documentados en el 2019, como en el caso de Ordaz que el juez se reusó a darle una extensión.
“Algunos de esos casos no se habían completado cuando comenzó la pandemia”, señaló Popp.
Activistas que velan por los derechos de los inquilinos temen que si las cortes de California remueven la actual protección de no procesar las órdenes de desalojo que vence el 14 de agosto, muchos podrían terminar sin un hogar.
“El temor es que viene una ola de desalojos que no se podrá contener”, afirmó Carlos Marroquin, activista comunitario.
Organizaciones que velan por los derechos de los inquilinos estiman que hasta cuatro millones de familias en el estado podrían perder sus hogares, por lo que están pidiendo al gobernador y legisladores que aprueben una moratoria de desalojos 90 días después de que termine la pandemia.
