Aunque que el Alguacil del Condado de Los Ángeles Jim McDonnell aseguró al público que su departamento había reducido la cooperación con agentes federales de inmigración, los agentes de ICE continuaron usando las oficinas en las cárceles del condado y el personal de la cárcel les ayudó a acceder a la información, reveló un informe de un comité de vigilancia.
El Inspector General Max Huntsman dijo que la relación entre el Departamento del Alguacil y algunas comunidades ya era tensa cuando el gobierno de Trump aceleró el cumplimiento de las leyes de inmigración.
"Es fundamental que el departamento establezca como alta prioridad el mantenimiento de la confianza", señala el informe - publicado el domingo por la Oficina del Inspector General (OIG). "El público necesita información precisa e imparcial... y el (departamento) necesita la confianza del público de que la policía es siempre una fuente de esa información".
El departamento de McDonnell no cumplió esa norma, concluye el informe.
A pesar de las garantías del Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD) de que la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) había desocupado las oficinas en las cárceles del condado y que las computadoras estaban conectadas a bases de datos federales, los funcionarios de OIG descubrieron agentes de ICE que trabajaban en el Centro de Recepción de Reclusos.
En la misma oficina ocupada por agentes federales, había cinco computadoras vinculadas a bases de datos federales junto con una computadora del LASD que ofrecía "un flujo constante de información sobre prisioneros que pronto iban a ser liberados", según el informe de la OIG.
Los funcionarios de LASD dijeron que las computadoras fueron instaladas después de que los agentes de ICE se quejaron de la mala conectividad de Internet en sus computadoras portátiles. Las computadoras de escritorio fueron eliminadas una vez más cuando el OIG compartió sus hallazgos.
El departamento también había dicho que ya no compartía información con los agentes de ICE sobre los presos que iban a ser puestos en libertad, obligando a los funcionarios federales a buscar información pública para encontrar lo que querían.
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En contraataque a una nota sobre el tema publicada por Los Ángeles Times en julio, el departamento envió un mensaje en donde señalaban que el “LASD NO proporciona información a #ICE. Nuestro portal público tiene TODAS las fechas de liberación de reclusos. Depende de #ICE examinar la información''.
Sin embargo, el informe de la OIG descubrió que el personal de la cárcel a menudo transmitía información no pública que facilitaba a los agentes saber cuándo recoger a los reclusos.
En respuesta a Huntsman en una carta, McDonnell dijo que estaba de acuerdo con las conclusiones del informe.
"Priorizamos mantener y aumentar la confianza del público y siempre nos esforzamos por proporcionar al público información precisa", dijo McDonnell.
McDonnell dijo que el departamento solía proporcionar a los agentes de ICE un aviso con siete días de anticipación sobre la liberación de los reclusos y que esa práctica se terminó a principios de este año. A partir de febrero, la información sobre las liberaciones de reclusos se hizo pública y las fechas de liberación pendientes se agregaron a ese portal público en mayo.
"Hubiera sido más exacto afirmar que creíamos que no estábamos proporcionando a ICE más información de la que brindamos al público", dijo el alguacil.
McDonnell reconoció que en algún momento el personal de la cárcel comenzó a compartir con agentes de ICE capturas de pantalla con datos no públicos adicionales. Dijo que ese flujo de información se ha cerrado desde entonces.
El alguacil señaló que el departamento restringe su cooperación con los funcionarios federales más de lo que la ley lo exige y destacó la divulgación a las comunidades de inmigrantes para tratar de aclarar las políticas y desarrollar la confianza.
Una medida de esa confianza es que el LASD ha certificado este año el 90 por ciento de las solicitudes de visa U presentadas por los defensores de los derechos de inmigración, aun cuando el número de esas solicitudes casi se ha duplicado con respecto a los dos años anteriores.
Las visas U se otorgan a las víctimas de delitos que cooperan con los agentes de la ley que procesan ese delito.
