Más de 300 inmigrantes fueron detenidos por agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en zonas aledañas a Los Ángeles durante las últimas seis semanas.
La agencia federal informó en un comunicado que los detenidos se trataban de extranjeros removibles que habían sido arrestados previamente o que tenían cargos pendientes por varios delitos como agresión, robo, crueldad infantil, violencia doméstica, secuestro y delitos sexuales.
Entre los inmigrantes detenidos, ICE mencionó a un ciudadano mexicano de 44 años que había sido condenado por infligir daño corporal a un cónyuge y crueldad deliberada a un niño en marzo de 2007; de agresión de cónyuge en septiembre de 2008; y de conducir sin licencia y atropellar y fugarse en febrero de 2013.
Agentes federales aprehendieron en Newport Beach a un ciudadano mexicano de 25 años que es un delincuente sexual registrado tras haber sido condenado en Los Ángeles por actos lascivos en diciembre de 2017 y en El Monte, a un ciudadano guatemalteco de 23 años condenado por secuestro y lesiones corporales a cónyuge en junio.
También fueron detenidos un ciudadano hondureño de 32 años, quien fue condenado en Vista por violación a la fuerza en octubre de 2017; y un ciudadano mexicano de 35 años, quien fue condenado en Los Ángeles de penetrar sexualmente con un objeto extraño a una víctima inconsciente en junio de 2013.
"Estos arrestos tienen un impacto significativo en las víctimas, o posibles víctimas, de estos delitos; al concentrar nuestros esfuerzos en los autores de crímenes contra otros, pudimos eliminar las amenazas inmediatas de nuestras comunidades y, en muchos casos, prevenir futuras victimizaciones", dijo Dave Marin, director de la oficina de ERO de ICE en Los Ángeles.
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“Vale la pena señalar que casi el 30 por ciento de los arrestos realizados dentro de nuestro AOR fueron de extranjeros criminales con detenciones previamente no respetadas; identificamos que el mayor número de detenciones rechazadas, en relación con los datos capturados entre el 13 de julio y el 20 de agosto , eran del Departamento del Alguacil de Los Ángeles y del Departamento de Policía de Los Ángeles”, dijo Marin.
“Esto resalta los peligros asociados con la falta de cooperación entre las fuerzas del orden impulsada por políticas equivocadas que a menudo colocan a la política por delante de la seguridad pública”.
