Han sido siete años desde la muerte del niño Gabriel Fernández por abuso doméstico, pero al menos otros tres menores más en el sur de California han perdido la vida subsecuentemente en similares circunstancias. El jueves sus familiares protestaron, acusando de supuesta negligencia al Departamento de Niños y Familias.
Ese departamento encargado de velar por el bienestar de los niños había tenido denuncias de maltratos antes de que ocurrieran las muertes y por eso, los familiares responsabilizan a trabajadores sociales de supuestamente no hacer suficiente para salvarlos.
“¿Por qué no sacaron a Gabriel Fernández de su casa? ¿Por qué no sacaron a Anthony Avalos? ¿Y por qué y por qué y por qué?” pregunta Olivia Rubio, tía de Gabriel, quien murió en el 2013 presuntamente maltratado por su madre y el novio de esta.
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Esas también son las preguntas que se hacen los seres queridos de los menores Aramazd Andressian Jr. “Piqui” (asesinado por su padre en el 2017), Anthony Ávalos (presuntamente torturado hasta la muerte por su padrastro y su mamá en 2018) y Noah Cuatro (presuntamente abusado mortalmente por sus padres en el 2019).
Es una herida que no se cierra en el corazón de sus familiares, y María Barron, tía de Anthony, dice nunca podrá borrar esa tragedia de su memoria.
“Es duro. Todo los dias yo me recuerdo de mi niño, me recuerdo de Gabriel, me recuerdo de Noah y sus historias son similares”, dijo Barron.
Fotos con los rostros de los inocentes cubrieron la fachada de la sede del Departamento de Niños y Familias mientras sus allegados aseguran que los trabajadores sociales no los protegieron adecuadamente.
Los involucrados en el caso de Gabriel Fernández no han sido convictos de conducta criminal por su presunta negligencia.
“Estos trabajadores sociales de Gabriel Fernández están en sus casa,” dijo Rubio. “El sistema dejó ir a esos trabajadores cuando tenían muchas pruebas”.
Denunciaron los manifestantes que en medio de la pandemia temen crueles abusos infantiles queden escondidos tras puertas cerradas, si los niños vulnerables no son vigilados por las autoridades pertinentes.
“Estos niños también están en sus casas y no tienen su voz. Nadie los puede oir. Están con sus madres, sus padres piensan que los aman pero nomás los están maltratando como hicieron a Gabriel”, dijo Rubio.
Claman para que esto no se repita.
“Que ya no haya otro niño que tenga que sufrir o pasar por lo que todo estos niños han pasado”, dijo Barron.
Las familias de estos cuatro niños han protestado los casos frente al departamento, que por su parte dice:
“A lo largo de los años hemos tomado medidas importantes para mitigar el riesgo y mejorar nuestra capacidad de servir a los niños y las familias, y como Departamento seguimos comprometidos a garantizar que la reforma continúe.”
