Un ciudadano estadounidense que vivía en Tijuana se declaró culpable el viernes en Los Ángeles de un cargo federal por planear el comercio de drogas por armas, incluidas ametralladoras y lanzagranadas, que estaban destinados a pandillas mexicanas.
Pedro Roberto Hernández-Gómez, un ex convicto de 32 años, se declaró culpable de un cargo de posesión con intención de distribuir fentanilo y está esperando la fecha de sentencia del 11 de junio.
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Hernández-Gómez fue acusado el año pasado en la corte federal de Los Ángeles de posesión de ametralladoras, intento de transportar explosivos, ser un delincuente en posesión de armas de fuego, distribución de heroína y distribución de fentanilo, y explosivos según la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EEUU.
En diciembre de 2019, Hernández-Gómez acordó proporcionar heroína y fentanilo a cambio de varias ametralladoras, lanzagranadas, granadas y pistolas durante lo que creía que eran negociaciones con traficantes, pero que, de hecho, era una operación encubierta de la ATF.
Al mes siguiente, Hernández-Gómez llegó a Los Ángeles, donde proporcionó más de dos libras cada uno de heroína y fentanilo y renegoció la cantidad de armas de fuego y granadas a cambio de la heroína, según una declaración jurada federal.
Aceptó cambiar los narcóticos por tres ametralladoras Bushmaster, tres lanzagranadas y 72 granadas inertes, que pensó que eran explosivos activos, según su acuerdo de culpabilidad.
Hernández-Gómez, quien como delincuente convicto no puede poseer armas de fuego, fue arrestado poco después de cargar las armas en su camioneta, dijeron funcionarios de la ATF.
Según la declaración jurada, admitió que había planeado transportar las armas y los explosivos de regreso a Tijuana.
“Este es un excelente ejemplo del tipo de objetivos criminales violentos de ATF junto con la asociación de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos”, dijo Carlos A. Canino, agente especial a cargo de la División de Campo de ATF Los Ángeles, después de que Hernández-Gómez fuera acusado.
“Está claro que estas ametralladoras y lanzagranadas estaban destinadas a grupos criminales en México”, dijo Canino. “ATF trabaja diligentemente para detener los esquemas de tráfico de armas de fuego para que las armas no terminen en manos de criminales, pandillas o cárteles, y continuaremos haciéndolo”.
