Demanda en Los Ángeles por inmigrantes detenidos

ACLU alega la negación de asistencia legal a estas personas.

Se espera que un juez federal en Los Ángeles escuche  este lunes los argumentos en la demanda de emergencia de la ACLU pidiendo el fin de lo que describe como la "negación inconstitucional" de acceso de abogados a inmigrantes detenidos por la administración Trump en un complejo penitenciario en el desierto

Según la denuncia, cientos de inmigrantes fueron trasladados de los centros de detención a la prisión federal de seguridad media en Victorville, que se encuentra a unos 60 kilómetros al noreste del centro de Los Ángeles.

Los detenidos están “incomunicados '', dice la organización sin fines de lucro en su demanda, presentada el 19 de junio en el tribunal federal de Los Ángeles.

En una victoria sobre la política de detención de “tolerancia cero” del gobierno, el Juez de Distrito de Estados Unidos, Otis D. Wright II, aprobó el jueves una orden de restricción temporal que obliga a los funcionarios a dar acceso a los detenidos a asistencia legal.

En su fallo, Wright escribió que los detenidos “sufrirán un daño irreparable'' si se les impide consultar con los abogados.

Wright también ordenó suspender los procedimientos de inmigración, incluidas las deportaciones, hasta que los detenidos tuvieran la oportunidad de consultar con abogados o asistir a una sesión de capacitación, “conozca sus derechos'',  del grupo del Centro de Defensa de Inmigrantes que brinda asesoramiento legal gratuito a inmigrantes en el sur de California.

En la audiencia de hoy, se espera que los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California le pidan a Wright que extienda la orden de restricción.

Otros demandantes incluyen a la organización sin fines de lucro, Centro Legal de Defensa de los Inmigrantes, que ofrece asesoría legal gratuita a los no ciudadanos. 

Como parte de su orden, el juez dijo específicamente que a la abogada Gabriela López se le debe permitir reunirse con su cliente, el detenido Gustavo Rodríguez Castillo, por teléfono o en persona. Antes de que se presentara la demanda de emergencia, no se le permitió ninguna comunicación con Castillo.

Wright también ordenó que a los abogados de inmigración se les permita conducir talleres “Conozca sus derechos”, en la prisión de Victorville antes del 9 de julio.

La demanda de emergencia, entablada contra funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Prisiones, el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y otros, argumenta que las acciones de la administración Trump al mantener a detenidos sin acceso a los abogados viola la Cláusula de Proceso de la Quinta Enmienda, Primera Enmienda, las normas federales de detención, la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La asistencia legal es especialmente esencial para los no ciudadanos que intentan navegar las notoriamente complicadas leyes y regulaciones de inmigración que comúnmente se consideran secundarias en complejidad al código tributario, argumentó la demanda. 

La ayuda legal es particularmente crítica para los solicitantes de asilo que enfrentan la deportación a un país donde podrían ser perseguidos, torturados o asesinados, dijo la ACLU. 

El presidente Donald Trump desató un ataque agresivo el domingo contra inmigrantes no autorizados y el sistema judicial que los maneja, diciendo que aquellos que cruzan a Estados Unidos ilegalmente deben ser devueltos inmediatamente sin el debido proceso o una comparecencia ante un juez. 

“No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país'', Trump tuiteó mientras se dirigía a su campo de golf en Virginia, según el New York Times. “Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces ni casos judiciales, enviarlos de vuelta de donde vinieron''. 

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