Este jueves un juez de la Corte Superior de Los Ángeles dictó sentencia contra un hombre y una mujer de Palmdale declarados culpables de asesinar a su hijo de 8 años, quien fue golpeado rutinariamente, obligado a pasar hambre, forzado a dormir en un armario y torturado hasta su muerte en 2013.
Isauro Aguirre, de 37 años, fue condenado a muerte, mientras que Pearl Sinthia Fernández, de 34, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
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Ambos comparecieron ante el juez de la Corte Superior George G. Lomeli en un tribunal del centro de Los Ángeles en relación con el asesinato, en mayo de 2013, de Gabriel Fernández.
Los miembros del jurado recomendaron el pasado 13 de diciembre que Aguirre fuera sentenciado a muerte después de haberlo condenado por homicidio en primer grado y por la circunstancia especial de asesinato que involucra infligir tortura.
Fernández se declaró culpable el 15 de febrero de homicidio en primer grado y admitió la tortura por alegato de circunstancia especial a cambio de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Enfrentaba una posible sentencia de muerte si el caso contra ella había ido a juicio y si había condena por los cargos.
La familia del niño fue consultada sobre el alegato de Fernández y “todos los miembros de la familia apoyaron la decisión de hoy'', dijo el vicefiscal de distrito Jon Hatami a los periodistas después de la audiencia en febrero.
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El fiscal dijo que estaba “aliviado por los miembros de la familia”, en particular los hermanos y las hermanas mayores del muchacho, quienes ofrecieron un emotivo testimonio en el juicio de Aguirre sobre el abuso sufrido por su hermano menor.
La prima del niño, Emily Carranza, dijo que también se sintió aliviada por la declaración, que evita que los familiares tengan que pasar por un segundo juicio debido a la muerte del niño.
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“No tenemos que pasar por una segunda vez. No creo que nadie tenga que pasar por eso otra vez, ver esas fotos para ver lo que le hicieron a él”, dijo Carranza a los periodistas, señalando que estaba ''de acuerdo'' con la decisión de la Fiscalía de Distrito de seguir adelante con la súplica “porque sé que nunca va a salir y sé que nunca podrá lastimar a otro niño”.
“No la odio como persona. Como miembro de la familia, odio sus acciones y odio lo que ella ha hecho. Soy una persona que va a la iglesia, así que no odio a nadie, pero odio el crimen que cometió”, dijo la prima del niño.
La maestra de primer grado del niño, Jennifer García, quien llamó a las autoridades para informar que el niño le había preguntado si era normal que una madre golpeara a sus hijos con un cinturón, también se encontraba entre los que asistieron a la audiencia.
“Se mueve hacia adelante y hacia atrás, el péndulo de la tristeza y el enojo”, dijo. “Hoy me sentí más del lado del enojo y sentí que ella obtuvo lo que se merecía. Por supuesto, ella merece algo peor. Ella definitivamente merece algo peor, pero en cuanto a lo que somos capaces de ofrecer legalmente, siento que ella lo consiguió”.
Ella dijo que recordó a Fernández diciéndole de la nada “no le pego a mis hijos”, cuando discutían sobre el niño en una conferencia de padres y maestros.
“Sabía en mi corazón que estaba haciendo lo que dijo que estaba haciendo", dijo la maestra. “Tengo una gran carga emocional de eso. Él siempre estará en mis pensamientos y en mi mente”.
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Durante su testimonio en el juicio de Aguirre, García dijo que le correspondía a ella explicar a los compañeros del muchacho en la Escuela Primaria Summerwind en Palmdale que no regresaría a clase porque había muerto.
El personal del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles fue enviado el 22 de mayo de 2013 a una casa en la cuadra 200 al este de la Avenida Q-10 en respuesta a una llamada en que informaron que el niño no estaba respirando. Fue declarado con muerte cerebral ese mismo día pero no se le retiró el soporte vital hasta dos días después.
Durante el juicio de Aguirre, los fiscales le dijeron al jurado que Gabriel Fernández era golpeado rutinariamente, disparado con una pistola BB, obligado a comer heces de gato y dormir dentro de un pequeño gabinete mientras estaba amordazado y atado.
Hatami calificó a Aguirre como un hombre “malvado” que “le gustaba torturar” al niño y lo hizo sistemáticamente en los meses previos a la muerte del niño. Aguirre odiaba a Gabriel porque pensaba que el chico era homosexual, según el fiscal.
Uno de los abogados de Aguirre, Michael Sklar, afirmó que fue Fernández quien golpeó al niño con un cinturón, le disparó con una pistola de aire comprimido y fue responsable de gran parte del abuso antes de su muerte.
“Creo que ambos se apuntaron con los dedos, lo que a veces sucede en los casos de coacusados”, respondió Hatami después de la declaración de Fernández. “La evidencia mostró y nuestra oficina creía que ambos eran igualmente culpables en el caso, y creo que la evidencia lo mostró”.
La muerte del niño y los arrestos de Fernández y Aguirre provocaron una protesta sobre el manejo del caso por parte de los trabajadores sociales del condado de Los Ángeles, quienes tuvieron múltiples contactos con la familia.
Una investigación posterior dio lugar a cargos penales contra dos ex trabajadoras sociales, Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, y sus supervisores, Kevin Bom y Gregory Merritt. Están a la espera de un juicio por un cargo de delito mayor, cada uno de abuso infantil y falsificación de registros públicos en relación con el caso del niño.
