ACLU

Descubren posible malversación de fondos en distritos escolares

Según ACLU, más de cincuenta distritos escolares del sur de California utilizaron el dinero destinados a otros programas para mejorar la seguridad de sus planteles y contratar policías.

Telemundo

Una investigación realizada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) reveló que más de cincuenta distritos escolares del sur de California utilizaron fondos educacionales para recursos diferentes para los que habían sido originalmente asignados. 

De acuerdo con la investigación, estos distritos escolares utilizaron los fondos para mejorar la seguridad de sus planteles y contratar policías. El hallazgo ocurrió tras el análisis de sus presupuestos.

Según la ACLU, los más afectados son los estudiantes latinos y afroamericanos. 

La investigación comenzó cuando un grupo de padres y alumnos del Distrito Escolar Unificado de Pomona descubrieron que los fondos asignados a programas educativos para los estudiantes más necesitados iban a ser utilizados para contratar policías para los recintos escolares. 

“Yo, como estudiante, me siento defraudada”, dijo Iris Villalpando, del Sindicato de Estudiantes de Pomona. “Este sistema y las escuelas deberían ayudar a los estudiantes”. 

Tras el hallazgo, los padres y estudiantes de ese distrito se preguntaron cuántos distritos harían lo mismo con sus presupuestos. Fue entonces cuando decidieron contactar al ACLU para plantearles su inquietud. 

ACLU investigó y analizó los presupuestos de los distritos escolares en los condados de Los Ángeles, Riverside y San Bernardino.  Descubrieron que el Distrito Escolar Unificado de Pomona no era el único caso.

“Estudiamos 136 distritos y [descubrimos] que millones y millones de dólares se estaban gastando en policías y seguridad”, señala Ariana Rodríguez, abogada de ACLU.

Los más afectados, según ACLU, son los niños que están aprendiendo inglés, los que viven en hogares de crianza y los estudiantes que provienen de hogares de bajos recursos económicos.  

Si no se logran cambios en la distribución de los fondos, las autoridades del estado o el condado podrían intervenir.

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