ACLU del Sur de California y la Clínica Legal del Consumidor de UC Irvine presentaron este lunes una acción legal contra la ciudad de Lancaster y el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD), alegando que existe un sistema de citación administrativa que está diseñado inconstitucionalmente para castigar a los pobres.
“En la ciudad de Lancaster, las personas sin hogar son tratadas como delincuentes y sujetas a citaciones que conllevan multas mucho más allá de sus medios para pagar”, según la petición del Tribunal Superior de Los Ángeles.”Pueden apelar, pero en una situación similar a la de Kafka, la ciudad exige que se pague la multa en su totalidad antes de que se pueda escuchar una apelación”.
La demanda solicita a la corte que ordene a Lancaster y al LASD que dejen de emitir citaciones bajo el programa de citaciones administrativas de la ciudad. Un representante de la ciudad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Según la petición, con el sistema de citación administrativa de Lancaster la justicia es solo para aquellos que pueden pagarla.
Las personas sin hogar han sido multadas con $500 por la primera citación y $1,000 por la segunda, señala la petición. Si no se paga una multa de citación dentro de los 30 días, la ciudad la remite a una agencia de cobranza privada que impone $150 adicionales, según la petición.
“Es un sistema que criminaliza la pobreza en violación de la protección igualitaria de las leyes garantizadas por la Constitución de California”, dijo la abogada de ACLU, Tiffany Bailey. “No tiene sentido castigar la pobreza con multas y tarifas exorbitantes e impagables. Si la ciudad realmente se preocupara por las soluciones de seguridad pública, invertiría los recursos desperdiciados en boletos y cobros para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades”.
El demandante es Leroy Butts, un hombre afroamericano de 68 años que estaba repartiendo panfletos en un parque en 2019 cuando dos agentes de LASD se acercaron a un grupo de personas sin hogar, dice la petición. Butts le dijo al grupo que tenían derecho a estar en el parque, pero los agentes le dieron una multa de $500, dice la petición.
“Como lo experimentó el señor Butts, el esquema de citación administrativa de la ciudad viola el debido proceso y las garantías de protección igualitaria de la Constitución de California y expone a los residentes de Lancaster como él a abusos, acoso y represalias sin control por parte de la fuerza policial de la ciudad, el LASD'', destaca la petición.
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Debido a que Butts no podía pagar los $500, no tenía posibilidad de apelar, dice la petición.
