Una congresista comparó el martes, al recorrer las instalaciones de la prisión federal “Terminal Island” en San Pedro con las de los centros de detención de inmigración en la frontera sur.
En las últimas semanas, siete reos han muerto y cientos más se han contagiado con COVID-19 en la prisíon de San Pedro.
La semana pasada familiares de los reos realizaron una protesta frente a esa prisión federal, alegando que los reclusos contagiados no estaban recibiendo el cuidado médico adecuado y las protecciones necesarias, lo que impulsó la visita de la congresista.
“Preocupante sin saber y sin medicamentos”, el hijo de Teodolmira Vera, es uno de los 702 reos contagiados con COVID-19 en la prisión federal “Terminal Island” en San Pedro”.
“[Tengo] mucha tristeza porque también soy diabética, no lo puedo mirar ni nada”, dijo Vera.
Miguel Aparicio, de 25 años fue infectado con coronavirus por su compañero de celda a finales de abril, relató su madre.
“Salió positivo, le dio fiebre y dolor de cabeza, estaba aislado y se le fue la respiración”, contó Vera.
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Aparicio ya casi se recuperó, sin embargo, su madre alega que la prisión no le proporcionó medicamentos, y tuvo que tratarse con analgésicos comprados con el dinero que le envió.
“Dijo que solo le dieron agua y el tuvo que comprar pastillas para el dolor de cabeza y jarabe”, dijo Vera.
Cartas de reos enviadas a familiares denunciando presuntas condiciones inhumanas en “Terminal Island” impulsaron a la congresista Nanette Barragán a recorrer el martes las instalaciones.
“No hay nada de aire acondicionado, había un señor que estaba gritando ayuda”, señaló Nanette Barragán, congresista de Estados Unidos.
Barragán también denunció que los directivos de la cárcel, no cumplen con las reglas de distanciamiento social, ni les proveen equipo de protección a los reos.
“Aquí hay más o menos 68 personas en un cuarto, y tienen una máscara que se les está cayendo”, agregó la congresista.
La congresista comparó las instalaciones con las de los centros de detención de inmigración en la frontera sur, y señaló que la cárcel no cuenta con suficientes estaciones para lavarse las manos.
Siete reos han muerto con el brote de COVID-19, y aunque el 82% de más de mil detenidos son considerados de bajo riesgo, solo seis han sido puestos en arresto domiciliario de casi 50 que califican, como al hijo de Teodolmira que le faltan dos años para purgar su condena de conspiración.
“[Los reos] pueden pagar su tiempo, pero en su casa”, dijo Barragán.
El buró de prisiones federales se negó a hacer cualquier comentario sobre las declaraciones de la congresista.
