La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles votó unánimemente el lunes para crear una ordenanza llamada “Derecho a un abogado” destinada a garantizar la representación legal de los inquilinos elegibles que enfrentan el desalojo en áreas no incorporadas.
La medida esencialmente codificaría en ley un programa que el condado comenzó en 2020 para ofrecer servicios de apoyo a los inquilinos, incluidos programas educativos para informarles sobre sus derechos legales y para ofrecer representación legal y asistencia de alquiler a los inquilinos elegibles por ingresos.
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De acuerdo con una moción de las supervisoras Holly Mitchell e Hilda Solis, desde que comenzó el programa Stay Housed LA County, ha brindado servicios legales limitados y evaluaciones a más de 15,700 hogares inquilinos y representación legal de alcance completo a aproximadamente 2,400 hogares.
Pero con el levantamiento de las protecciones para inquilinos de la era del COVID-19 y más residentes que enfrentan el desalojo, los supervisores del condado dijeron que quieren expandir el programa para garantizar que los inquilinos tengan representación legal si enfrentan la pérdida de sus hogares.
“El Center for American Progress estima que, a nivel nacional, solo el 10 por ciento de los inquilinos que enfrentan el desalojo en el condado tienen representación legal, en comparación con el 90 por ciento de los propietarios”, dice la moción.
En un voto unánime, la junta ordenó a sus abogados que regresaran dentro de los 10 meses con una ordenanza de “Derecho a un abogado”, (RTC) con el objetivo de garantizar la representación legal de los inquilinos elegibles en áreas no incorporadas para el año fiscal 2024-25.
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La junta también ordenó al director del Departamento de Asuntos Comerciales y del Consumidor que informe en 180 días con un plan para una expansión gradual del programa para extender la misma garantía de representación legal a los inquilinos elegibles en todas las áreas del condado fuera de la ciudad de Los Ángeles, con el objetivo de acceso universal para 2030-31.
Si bien la junta aprobó el avance del programa, la pregunta sigue siendo cómo se financiará. Un informe de DCBA a principios de este año estimó el costo de implementar una ordenanza sobre el derecho a un abogado en $22 millones solo durante el primer año.
El programa Stay Housed LA County original fue financiado con $2 millones en fondos contra la falta de vivienda de la Medida H y otros $8.7 millones del Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible.
La moción señala que los funcionarios del condado tendrán que trabajar para identificar fondos para continuar y expandir el programa.
Aunque el programa RTC se aplicaría principalmente a los inquilinos residenciales, la supervisora Janice Hahn enfatizó que también se aplicaría a las pequeñas empresas “mamá y papá” que alquilan sus locales a los propietarios.
“La representación legal a menudo es inasequible e inaccesible para muchos trabajadores, especialmente cuando reciben un aviso de desalojo”, dijo Mitchell en un comunicado después de la votación.
“El derecho a un abogado nos permite eliminar estas barreras y ayuda a miles de residentes a mantener su vivienda. Esta es una parte necesaria de nuestra estrategia para terminar con la falta de vivienda y nos pone en el camino para brindar acceso universal a la representación legal, un recurso que todos los angelinos merecen”.
El martes, la junta también apoyó unánimemente el fortalecimiento de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos del condado.
“A medida que aquellos que se benefician de los inquilinos encuentran formas de aumentar sus ganancias, estamos enfrentando el momento con protecciones más fuertes que les dan a los inquilinos una oportunidad de pelear”, dijo la supervisora Lindsey P. Horvath en un comunicado.
“Las medidas de estabilización de alquileres para comunidades no incorporadas son una forma adicional en que el condado de Los Ángeles está abordando la crisis de personas sin hogar con urgencia y demostrando lo que es posible para todas nuestras ciudades: un socio esencial para resolver la falta de vivienda. Juntos, debemos hacer todo lo posible para tomar en serio la prevención de la falta de vivienda al abordar el problema de la afluencia de personas”.
Las protecciones reforzadas en virtud de la Ordenanza revisada de Estabilización de Alquileres y Protección de Inquilinos incluyen el requisito de que a cualquier inquilino en áreas no incorporadas que presente un acuerdo de compra voluntaria se le ofrezca un monto igual o mayor que el monto de asistencia para la reubicación al que tendría derecho un inquilino en virtud de un contrato de desalojo sin culpa.
