Marihuana ilegal

Impondrán multas por cultivo ilegal de cannabis en algunas áreas de Los Ángeles

La sanción podría ser de hasta $30,000 por día y necesitara de otra votación para adoptar formalmente la ordenanza.

Las multas por operaciones de cultivo de cannabis y dispensarios ilegales en áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles pronto se establecerán en hasta $30,000 por día, según una votación realizada el martes por la Junta de Supervisores.

La junta votó por unanimidad para introducir una ordenanza que incluye las nuevas sanciones. Se requerirá otro voto para adoptar formalmente la ordenanza, pero eso es en gran parte un asunto administrativo.

Las supervisoras Kathryn Barger y Sheila Kuehl fueron coautoras de la moción que recomienda la nueva ordenanza, que Barger había defendido para tomar medidas enérgicas contra las operaciones de cultivo masivo en Antelope Valley.

Esas operaciones han disminuido y contaminado los suministros de agua con productos químicos peligrosos, planteado amenazas a la seguridad pública de los vecinos y aumentado el riesgo de incendios forestales, dijo Barger.

“Sin embargo, los cultivos ilegales no solo ocurren en los espacios abiertos de Antelope Valley. Las casas están siendo destruidas y convertidas en cultivos de interior para cultivar cientos de plantas”, dijo Barger.

“Esta moción no trata de declarar ilegal el cannabis. Esta moción trata de proteger al consumidor y a la comunidad contra el impacto imprevisto del cultivo ilegal de cannabis”.

Kuehl dijo que estaba totalmente de acuerdo.

"Las operaciones ilegales de cannabis a gran escala causan grandes preocupaciones sobre la seguridad pública y ambiental", dijo Kuehl. “Incluye robo de agua, daño a nuestras bocas de incendio, simplemente robar agua para que esto suceda. Esta agua es una gran pérdida para nuestras comunidades que están inminentemente amenazadas por incendios forestales”.

Meses atrás, Barger había buscado sanciones penales, pero encontró resistencia entre sus colegas, quienes encontraron que el plan no estaba sincronizado con las reformas de justicia penal del condado.

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La supervisora ​​Hilda Solis simpatizaba con la necesidad de sanciones civiles más estrictas.

 "Tenemos más de 30 dispensarios ilegales operando solo en el área no incorporada del este de Los Ángeles", dijo Solís. "Sé que nuestros residentes estarán encantados de finalmente tener algo de fuerza en esta aplicación".

El condado ha trabajado durante mucho tiempo para tomar medidas enérgicas contra los dispensarios no autorizados, pero comparó el proceso con un juego de "whac-a-mole" en el que se derriba un dispensario y se abre otro en otro lugar.

Si bien los dispensarios son ilegales en áreas no incorporadas, esas comunidades a veces colindan con áreas donde los dispensarios legales operan libremente, a veces dos por cuadra.

En julio, a instancias de la supervisora ​​Janice Hahn, la junta votó para reconsiderar su amplia prohibición del cultivo, fabricación, prueba y distribución de la droga para cualquier cosa que no sea el uso personal.

Hahn dijo el martes que un grupo de trabajo del condado encargado de hacer un nuevo conjunto de recomendaciones para el crecimiento, la regulación y la aplicación legal del comercio minorista de cannabis había completado su trabajo en diciembre.

"Sé que proporcionar un camino legal para que las personas cultiven, produzcan y vendan cannabis puede ayudar de alguna manera a abordar el mercado ilegal", dijo Hahn.

“Con suerte, vamos a votar pronto sobre la idea de proporcionar legalmente opciones para los negocios de cannabis en (áreas) de condados no incorporados''.

California votó para legalizar el uso recreativo del cannabis en 2016 y las ventas recreativas legales comenzaron en enero de 2018.

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En octubre de 2017, un grupo de trabajo del condado generó un informe que incluía docenas de recomendaciones sobre cómo regular la venta al por menor, la producción y la distribución de cannabis.

Hahn estuvo originalmente entre los que archivaron ese informe y optaron por mantener la prohibición. El martes señaló que levantar la prohibición podría ser una fuente potencial de ingresos fiscales. 

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